La diputada nacional Julia Strada alertó sobre un posible vaciamiento en Lácteos Verónica, la firma santafesina que mantiene a 700 empleados sin cobrar sus salarios. La legisladora pidió explicaciones ante movimientos empresariales sospechosos vinculados a la familia Espiñeira.
La preocupación central radica en la situación de los 700 trabajadores de la compañía láctea, quienes no percibieron sus haberes. Esta circunstancia generó una profunda incertidumbre sobre la continuidad de la empresa y la fuente de ingresos de numerosas familias en la región.
La denuncia de la diputada Strada, representante de la provincia de Santa Fe, apunta a una serie de maniobras financieras y societarias que podrían estar detrás de la crisis que atraviesa Lácteos Verónica.
La investigación de la diputada Julia Strada
Strada presentó un pedido de informes en el Congreso para que se investiguen los movimientos de la firma y de otras sociedades vinculadas a la familia Espiñeira, propietaria de Lácteos Verónica. La legisladora busca determinar si hubo desvío de activos o maniobras que perjudiquen el patrimonio de la empresa.
La diputada subrayó la necesidad de proteger las fuentes de trabajo y asegurar el cobro de los salarios adeudados, en un contexto de dificultad económica para el sector lácteo y para los trabajadores afectados.
La denuncia se enfoca en la posible transferencia de bienes o la constitución de nuevas empresas que podrían estar relacionadas con un intento de descapitalizar la firma principal, dejando a los empleados en una situación de vulnerabilidad extrema.
El impacto en los trabajadores y la producción
La falta de pago a los 700 trabajadores no solo genera un conflicto laboral inmediato, sino que también pone en riesgo la capacidad productiva de Lácteos Verónica, una de las empresas históricas del sector en Santa Fe. La continuidad de la actividad y la preservación de los puestos de trabajo son las principales demandas.
Organizaciones gremiales y representantes de los empleados esperan respuestas urgentes por parte de la empresa y de las autoridades provinciales y nacionales. La situación se monitorea de cerca ante la posibilidad de nuevas medidas de fuerza o acciones legales para garantizar los derechos laborales.
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