La Fiscalía Federal solicitó al juez Daniel Rafecas desestimar la denuncia contra Bettina Angeletti por su viaje a Estados Unidos en el avión presidencial, al considerar que no se configuró ningún delito penal durante el traslado oficial.
El dictamen fiscal surge tras la controversia generada por la presencia de la esposa del vocero presidencial, Manuel Adorni, en la comitiva que acompañó al presidente Javier Milei a la denominada Argentina Week. La presentación judicial cuestionaba el uso de recursos públicos y el rol de Angeletti dentro de la estructura oficial, luego de que se confirmara que abordó la aeronave ARG-01 con destino a San Francisco y Nueva York.
Los argumentos de la Fiscalía para el cierre de la causa
Tras una revisión de los procedimientos y el marco normativo que regula los traslados presidenciales, el Ministerio Público Fiscal determinó que la participación de Angeletti no representó un perjuicio económico para las arcas del Estado ni una violación de los deberes de funcionario público. Según el dictamen, el viaje se dio en el contexto de una invitación protocolar y no generó gastos extraordinarios que no estuvieran ya contemplados en la logística propia del desplazamiento del Jefe de Estado.
El pedido de archivo sostiene que la mera presencia de un familiar de un funcionario de alto rango en un transporte oficial no constituye, por sí misma, una conducta punible bajo el Código Penal, siempre que se respeten los protocolos de seguridad y las disposiciones de la Secretaría General de la Presidencia. En este sentido, la Justicia no halló evidencia de que se hubieran desviado fondos específicos para financiar actividades privadas de la denunciada fuera del cronograma oficial.
La defensa de la gestión libertaria había argumentado desde el inicio que el viaje de Angeletti formaba parte del acompañamiento familiar habitual en misiones de largo alcance, una práctica que, si bien es cuestionada desde lo ético por sectores de la oposición, tiene antecedentes directos en administraciones anteriores de diverso signo político.
El contexto de la Argentina Week en Estados Unidos
El viaje que originó la denuncia tuvo lugar a fines de mayo, cuando Javier Milei encabezó una gira por la costa oeste de Estados Unidos para reunirse con los principales referentes tecnológicos de Silicon Valley, incluyendo a los CEOs de Meta, Google, Apple y OpenAI. La agenda, centrada en posicionar a la Argentina como un polo de inteligencia artificial y atraer inversiones, incluyó una comitiva reducida compuesta por la secretaria general Karina Milei, el entonces ministro de Economía Luis Caputo y el vocero Manuel Adorni.
La filtración de la lista de pasajeros del ARG-01, que incluía a Bettina Angeletti, disparó una fuerte reacción en redes sociales y derivó en presentaciones judiciales por presunto malversación de caudales públicos. El foco de la crítica residía en la contradicción discursiva del Gobierno, que mantiene una política de austeridad bajo la premisa de que "no hay plata", mientras permitía que familiares de funcionarios viajaran en aviones oficiales.
No obstante, desde el entorno del vocero presidencial explicaron que Angeletti no percibió viáticos, ni honorarios, ni tuvo una agenda paralela financiada por el Estado. Esta distinción técnica fue clave para que la Fiscalía concluyera que no hubo un incremento patrimonial injustificado ni un abuso de poder que amerite continuar con la instrucción de la causa.
Antecedentes y repercusiones en la gestión pública
Este caso no es el primero que pone bajo la lupa el uso de la flota presidencial durante la gestión de La Libertad Avanza. El Gobierno ha intentado desmarcarse de las prácticas de la "casta" mediante la venta de aeronaves menores y el uso de vuelos comerciales en sus primeras giras, aunque la logística de seguridad nacional terminó imponiendo el uso de los aviones oficiales para traslados internacionales de gran envergadura.
La decisión de la Fiscalía de no avanzar con la imputación de Angeletti desactiva un foco de conflicto jurídico que amenazaba con desgastar la imagen de Adorni, uno de los comunicadores centrales de la Casa Rosada. No obstante, el impacto social de la noticia persiste en el debate público sobre los límites de los privilegios oficiales en un contexto de profunda crisis económica y ajuste fiscal.
Ahora, la resolución final queda en manos del juez Daniel Rafecas. El magistrado deberá decidir si acepta el dictamen fiscal y archiva el expediente definitivamente o si, por el contrario, considera que existen medidas de prueba pendientes para agotar la investigación. En la práctica judicial, cuando la fiscalía no encuentra delito y decide no impulsar la acción penal, las causas suelen cerrarse por falta de acusación, otorgando un alivio procesal inmediato a los señalados.
La resolución de este conflicto marcará un precedente sobre cómo la Justicia interpreta el acompañamiento de cónyuges en misiones diplomáticas, un área que suele moverse en una zona gris entre la tradición protocolar y las demandas de transparencia ciudadana. Por el momento, para el Ministerio Público, el viaje a la Argentina Week no superó el umbral de la ilegalidad.
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