El secretario de Infraestructura, Carlos Frugoni, omitió declarar tres propiedades y empresas en Miami.El escenario político y judicial sumó una nueva complicación para el Ministerio de Economía. Carlos Frugoni, actual secretario de Coordinación de Infraestructura y hombre de confianza de Luis Caputo, fue denunciado penalmente por la presunta omisión maliciosa de bienes en el exterior. La presentación judicial sostiene que el funcionario posee un patrimonio no declarado en Estados Unidos, compuesto por al menos tres departamentos de lujo y un entramado societario en el estado de Florida.
La denuncia, que recayó en los tribunales federales de Retiro, señala que Frugoni no incluyó estos activos en su declaración jurada integral presentada ante la Oficina Anticorrupción (OA) al asumir su cargo actual. Ante la consulta de diversos sectores, el funcionario habría admitido la existencia de las propiedades, calificando la situación como un "error" administrativo en la carga de los datos.
Las propiedades en Florida y el entramado societario
La investigación que sustenta la denuncia detalla que el funcionario del Palacio de Hacienda figura como titular o beneficiario de unidades inmobiliarias ubicadas en zonas exclusivas de Miami. Estos activos estarían vinculados a firmas de responsabilidad limitada (LLC), un formato jurídico frecuentemente utilizado en el mercado estadounidense para el manejo de inversiones inmobiliarias y el resguardo de la identidad de los propietarios.
De acuerdo con los registros públicos de la División de Corporaciones de Florida, Frugoni aparece vinculado a empresas que adquirieron departamentos en complejos residenciales de alta gama. Los montos de estas transacciones superarían los 1.5 millones de dólares en conjunto. La falta de concordancia entre su patrimonio declarado en Argentina y estos activos externos es el eje central sobre el cual la Justicia deberá determinar si existió una voluntad de ocultamiento o un incremento patrimonial injustificado.
En su defensa preliminar, el entorno del secretario sostiene que los fondos utilizados para dichas adquisiciones provienen de su actividad privada previa al ingreso a la gestión pública. Sin embargo, la normativa vigente para funcionarios públicos de alto rango exige la transparencia absoluta de todos los activos, independientemente de su origen cronológico, para evitar conflictos de intereses y garantizar la ética pública.
El impacto político en el Ministerio de Economía
Carlos Frugoni no es un nombre más en el organigrama del Gobierno Nacional. Como titular de la Secretaría de Coordinación de Infraestructura, tiene bajo su órbita el manejo de los proyectos de obra pública que aún persisten bajo la administración central y la coordinación de las inversiones estratégicas en el sector. Su cercanía con Luis Caputo lo posiciona como una pieza fundamental en la ejecución del plan económico.
La denuncia genera una incomodidad inmediata en la Casa Rosada, que ha hecho de la transparencia y el combate contra la "casta" una de sus principales banderas de campaña y gestión. El reconocimiento del propio funcionario sobre haber cometido un "error" en su declaración jurada no ha sido suficiente para calmar las críticas de la oposición, que ya prepara pedidos de informes en el Congreso para profundizar sobre la situación patrimonial de otros integrantes del equipo económico.
"Es una omisión que no puede pasar inadvertida por los controles internos del Estado", señalaron fuentes judiciales cercanas al caso. La investigación deberá ahora peritar la ruta del dinero y verificar si las transferencias para la compra de los inmuebles fueron debidamente informadas ante la AFIP en los períodos fiscales correspondientes.
El marco legal y las posibles sanciones
La omisión maliciosa en una declaración jurada es un delito tipificado en el Código Penal argentino. Según la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública (Ley 25.188), los funcionarios están obligados a presentar una relación detallada de sus bienes, tanto en el país como en el extranjero, al inicio y al cese de sus funciones, así como una actualización anual.
La jurisprudencia argentina establece que la no declaración de cuentas bancarias o inmuebles fuera del territorio nacional constituye una falta grave. En caso de comprobarse que la omisión fue deliberada para ocultar un incremento patrimonial no justificado, las penas pueden incluir la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y penas de prisión que oscilan entre los seis meses y los dos años.
"Cometí un error en la carga de los datos, pero los fondos son lícitos"
Esta frase, que habría circulado desde el despacho del funcionario, intenta mitigar el daño legal, aunque no lo exime de la investigación penal. La Justicia buscará determinar si la declaración jurada fue rectificada con posterioridad a la filtración de los datos o si se realizó de manera espontánea antes de que la denuncia tomara estado público.
Antecedentes y contexto de la obra pública
La figura de Frugoni ya había estado bajo la lupa durante la gestión de Mauricio Macri, cuando desempeñó cargos en el área de Vialidad Nacional. En aquel entonces, su perfil técnico fue valorado para la implementación de sistemas de transparencia en las licitaciones, lo que hace que la actual omisión resulte aún más llamativa para los analistas políticos.
Actualmente, su secretaría es la encargada de auditar los contratos de infraestructura que fueron frenados al inicio del mandato de Javier Milei. La relevancia de su cargo implica el contacto directo con empresas contratistas del Estado, lo que refuerza la necesidad de que su situación patrimonial sea transparente. El impacto de esta denuncia en el mercado inversor es otro punto de preocupación, dado que el Gobierno busca atraer capitales privados para grandes proyectos de energía y transporte.
Por el momento, no se han anunciado cambios en la estructura del Ministerio de Economía. No obstante, el avance de la causa judicial marcará el ritmo de la permanencia de Frugoni en el cargo. La Oficina Anticorrupción, por su parte, deberá emitir un dictamen sobre la consistencia de los descargos presentados por el funcionario en las últimas horas.
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