Referentes jurídicos y legisladores de la oposición cuestionaron en el Senado la iniciativa de Carolina Losada, al considerar que el endurecimiento de penas por falso testimonio en casos de género desincentiva las denuncias de abusos.
El bloque de senadores de Unión por la Patria organizó un conversatorio en el Salón Azul del Congreso de la Nación para analizar el impacto del proyecto de ley impulsado por la senadora radical Carolina Losada. El eje de la jornada fue la advertencia sobre cómo una modificación del Código Penal podría convertirse en una herramienta de "criminalización" para quienes denuncian violencia de género o abuso sexual infantil.
La propuesta legislativa en cuestión busca incrementar significativamente las penas para las denuncias falsas y el falso testimonio cuando se refieren a delitos contra la integridad sexual. Sin embargo, para las especialistas y abogadas que participaron del debate, el texto carece de una perspectiva de derechos humanos y pone en riesgo los avances logrados en la protección de las víctimas.
Implicancias jurídicas y el riesgo de la doble victimización
Las abogadas especializadas en género que expusieron durante el encuentro señalaron que la figura de la denuncia falsa ya está contemplada en el marco legal vigente. Según argumentaron, elevar las escalas penales de manera específica para estos casos genera un mensaje de amedrentamiento. Si una mujer denuncia y no logra probar el hecho —algo recurrente en casos de abuso que ocurren en la intimidad—, quedaría expuesta a una contraofensiva judicial con penas de prisión efectiva.
"No se trata solo de una cuestión técnica, sino de un disciplinamiento social", explicaron durante el panel. La preocupación radica en que la mayoría de las causas por abuso sexual infantil o violencia doméstica se sustentan en el testimonio de la víctima y pruebas indiciarias. Ante la amenaza de terminar en prisión por una supuesta falsedad, muchas mujeres y familias podrían optar por el silencio para evitar represalias legales de los acusados.
El proyecto de Losada propone que, si la denuncia falsa se refiere a delitos de extrema gravedad, la pena podría llegar hasta los 10 años de cárcel. Los críticos sostienen que esta disparidad punitiva rompe con el principio de proporcionalidad y apunta directamente a desmantelar la credibilidad de las víctimas en los procesos judiciales de familia y penales.
Antecedentes y estadísticas sobre el falso testimonio
Uno de los puntos más discutidos en el Senado fue la falta de datos estadísticos que respalden la necesidad de una ley de esta naturaleza. Las expositoras citaron informes internacionales y relevamientos locales que indican que el porcentaje de denuncias falsas en delitos sexuales es marginal, situándose históricamente por debajo del 2% a nivel global, según organismos como la ONU.
En contraste, las cifras de violencia de género en Argentina muestran una realidad persistente. Durante el año 2023, la Corte Suprema de Justicia de la Nación registró 250 víctimas directas de femicidio, lo que representa una muerte cada 35 horas. Los legisladores peronistas enfatizaron que, mientras los índices de violencia no bajan, el debate legislativo parece girar hacia la protección de los presuntos victimarios bajo el argumento de las "falsas acusaciones".
"Este proyecto surge de una narrativa que busca instalar que las mujeres denuncian por despecho o para obtener ventajas en juicios de divorcio, algo que la práctica judicial desmiente sistemáticamente", aseguraron fuentes del bloque opositor. El conversatorio subrayó que la mayoría de las denuncias que no llegan a condena no son necesariamente falsas, sino que sufren la falta de recolección de pruebas por parte de fiscalías saturadas o con sesgos de género.
Impacto social y el rol del sistema de justicia
El conversatorio también puso el foco en el impacto psicológico que el proyecto tendría sobre las infancias. Las familiares de víctimas de abuso que asistieron al Senado relataron las dificultades que ya existen para que el sistema judicial escuche a los menores en Cámara Gesell. La implementación de una ley que priorice la persecución del denunciante sobre la investigación del abuso podría profundizar la impunidad en delitos intrafamiliares.
"El mensaje que se envía desde el Estado es que denunciar es peligroso", se escuchó entre las conclusiones de la jornada. Para los especialistas, la propuesta ignora el principio de asimetría de poder que existe en los casos de violencia. Al colocar en un pie de igualdad la pena del delito denunciado con la pena de la supuesta denuncia falsa, se equipara la gravedad de una agresión física o sexual con una declaración judicial.
La estrategia de Unión por la Patria será frenar el avance del proyecto en las comisiones, buscando el apoyo de otros bloques que mantienen reservas sobre la técnica legislativa empleada por Losada. El debate continuará en las próximas semanas, mientras diversas organizaciones de derechos humanos preparan presentaciones para formalizar su rechazo ante la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.
"El sistema ya tiene herramientas para sancionar a quien miente; lo que se busca con esto es que las mujeres tengan miedo de acudir a la comisaría o a la justicia".
El escenario parlamentario y la búsqueda de consenso
El proyecto de la senadora santafesina no solo ha generado fricciones con el peronismo, sino también debates internos dentro de la propia Unión Cívica Radical y otros sectores dialoguistas. La discusión se da en un contexto donde el Gobierno Nacional ha manifestado su intención de revisar diversas políticas de género, lo que añade una carga política extra a cualquier modificación del Código Penal en esta materia.
Los impulsores de la iniciativa defienden que es necesario proteger la honra y la libertad de los hombres que son acusados injustamente, alegando que un proceso judicial por abuso puede destruir la vida de una persona incluso antes de que haya una sentencia. Sin embargo, el consenso entre los especialistas en derecho constitucional que participaron del evento es que la normativa propuesta podría ser declarada inconstitucional por vulnerar tratados internacionales de protección a la mujer, como la Convención de Belém do Pará.
Finalmente, el conversatorio concluyó con un llamado a fortalecer las oficinas de asistencia a las víctimas y mejorar la capacitación de los operadores judiciales en la Ley Micaela, en lugar de legislar sobre supuestos casos excepcionales que terminan afectando el acceso general a la justicia para los sectores más vulnerables de la sociedad.
📝 ¡Gracias por tu lectura!
Tu feedback no solo mejora el contenido, sino que también inspira a otros lectores.
📝 ¡Gracias por tu lectura!
Tu feedback no solo mejora el contenido, sino que también inspira a otros lectores.