La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por el impacto de las políticas de Javier Milei sobre jubilados, personas con discapacidad y el derecho a la protesta social.
El Informe Anual 2025 de la CIDH, presentado este jueves en Washington, sitúa a la Argentina en un escenario de alerta técnica. Según el organismo, el despliegue de diversas iniciativas legales y decretos de necesidad y urgencia ha comenzado a erosionar garantías básicas para sectores que ya se encontraban en condiciones de vulnerabilidad. El documento subraya que las medidas de ajuste fiscal y la reconfiguración del Estado están afectando directamente el acceso a derechos económicos y sociales fundamentales.
El impacto del ajuste en jubilados y personas con discapacidad
Uno de los puntos más críticos del informe se centra en la situación previsional. La CIDH señala que la modificación de las fórmulas de movilidad y la licuación de los haberes frente a la inflación han empujado a un porcentaje mayoritario de la clase pasiva por debajo de la línea de pobreza. El organismo advierte que los ajustes en seguridad social no pueden ser indiscriminados y deben contemplar el principio de progresividad, el cual impide que los Estados retrocedan en niveles de protección ya alcanzados.
En la misma línea, el reporte detalla la parálisis en la entrega de medicamentos e insumos para personas con discapacidad y pacientes con enfermedades crónicas. La desregulación de organismos descentralizados y el recorte en pensiones no contributivas son vistos por la Comisión como una vulneración a la integridad física y la autonomía de este colectivo. El organismo internacional recalca que la eficiencia fiscal no debe ejecutarse a costa de la supervivencia de los grupos más expuestos.
Preocupación por el protocolo de seguridad y la protesta social
El capítulo dedicado a las libertades civiles pone el foco en la implementación del protocolo de seguridad para manifestaciones públicas. La CIDH observa con "profunda inquietud" el uso de la fuerza pública y de sustancias químicas contra manifestantes, periodistas y legisladores en las inmediaciones del Congreso Nacional durante el tratamiento de leyes clave para el Ejecutivo.
Para el organismo, la criminalización de la protesta y la imposición de multas económicas a organizaciones sociales representan un obstáculo para la libertad de expresión y el derecho de reunión. El informe recuerda que la protesta pacífica es una herramienta esencial en una democracia para canalizar demandas sociales, especialmente en contextos de crisis económica. La Comisión instó al Estado argentino a revisar estas normativas para alinearlas con los estándares interamericanos de derechos humanos.
Desmantelamiento de políticas de género y memoria
El documento también dedica un apartado al cierre de instituciones y la derogación de programas destinados a la prevención de la violencia de género y la protección de las diversidades. La eliminación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, junto con el recorte de programas de asistencia territorial, ha dejado —según la CIDH— un vacío institucional que desprotege a víctimas en situaciones de riesgo extremo.
Asimismo, se menciona una "retórica estigmatizante" desde las altas esferas del poder hacia defensores de derechos humanos y organismos de memoria. La Comisión enfatiza que los discursos que relativizan los crímenes de lesa humanidad o que cuestionan la legitimidad de las organizaciones civiles pueden generar un clima de hostilidad que debilita el tejido democrático.
El contexto económico y la justificación estatal
La administración de Javier Milei ha defendido sus medidas bajo la premisa del "déficit cero" y la necesidad de estabilizar una economía con inflación de tres dígitos y reservas agotadas. Sin embargo, la CIDH sostiene que los compromisos internacionales de la Argentina en materia de derechos humanos son vinculantes y no pueden quedar supeditados exclusivamente a metas macroeconómicas.
El informe resalta que el país atraviesa una crisis social profunda, con niveles de pobreza que superan el 50% según registros recientes. En este contexto, la eliminación de intermediarios en la asistencia alimentaria y los retrasos en el envío de fondos a comedores comunitarios han agravado la inseguridad alimentaria en los barrios más vulnerables del Gran Buenos Aires y el interior del país.
Recomendaciones para el Estado nacional
Ante este panorama, la CIDH emitió una serie de recomendaciones urgentes para el Gobierno argentino. Entre ellas, destaca la necesidad de establecer mecanismos de diálogo con las organizaciones de la sociedad civil antes de implementar reformas que afecten derechos sociales. También solicita garantizar el financiamiento adecuado para las políticas de salud, educación y previsión social, evitando que el peso del ajuste recaiga sobre los sectores más desprotegidos.
Finalmente, el organismo internacional se puso a disposición para realizar una visita de observación técnica al país, con el fin de verificar el cumplimiento de las convenciones internacionales. El Informe Anual 2025 cierra con un llamado a preservar la independencia judicial y a asegurar que las fuerzas de seguridad actúen bajo criterios de proporcionalidad y legalidad en todo el territorio nacional.
"Los derechos humanos no son un obstáculo para el desarrollo, sino el piso mínimo sobre el cual se debe construir cualquier política de Estado sustentable", concluye el reporte en su análisis regional.
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