El juez en lo Penal Económico, Diego Amarante, dictó el procesamiento de Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino por los delitos de evasión impositiva y retención indebida de aportes. La medida incluye un embargo preventivo de 350 millones de pesos sobre los bienes de los máximos directivos de la Asociación del Fútbol Argentino.
Los detalles de la maniobra financiera
La investigación judicial se centró en el manejo de los fondos destinados a las cargas sociales y aportes previsionales dentro de la entidad madre del fútbol local. Según el magistrado, se detectó una irregularidad sistemática en los tiempos de liquidación de estas obligaciones tributarias.
El fallo sostiene que los directivos utilizaron el dinero retenido para generar rendimientos financieros antes de transferirlo al Estado. Esta práctica, considerada una defraudación, habría permitido a la institución obtener beneficios económicos a costa del incumplimiento de sus deberes fiscales.
La contundente resolución del juez Amarante
En su escrito, el magistrado fue tajante respecto a la intencionalidad de los acusados.
"Pusieron en práctica un evidente plan que abarcaba el depósito tardío de enormes montos dinerarios, con la consiguiente posibilidad de obtener cuantiosos beneficios financieros como consecuencia de ese incumplimiento", afirmó Amarante.
El embargo de 350 millones de pesos busca asegurar el pago de las sumas adeudadas y las posibles multas derivadas del proceso. La resolución representa un fuerte impacto institucional para la conducción de la AFA, en medio de un clima de creciente escrutinio sobre sus manejos administrativos.
Consecuencias legales y próximos pasos
La causa penal avanza ahora hacia una etapa de recolección de pruebas adicionales para determinar el alcance total del perjuicio fiscal. Los delitos imputados contemplan penas que, dependiendo de la gravedad y los montos finales, podrían derivar en sanciones de cumplimiento efectivo.
Desde el entorno legal de Tapia y Toviggino se espera una apelación inmediata ante la Cámara de Apelaciones. Mientras tanto, la justicia mantiene el foco en la trazabilidad de los fondos y en si existieron otros actores involucrados en la ejecución de este esquema financiero.
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