La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dictó una medida cautelar que suspende temporalmente la aplicación del capítulo laboral incluido en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023. Esta decisión representa el primer revés judicial de peso para el programa de desregulación económica impulsado por el Poder Ejecutivo.
El fallo que frena los cambios laborales
La resolución fue adoptada por los jueces José Alejandro Sudera y Andrea García Vior, quienes hicieron lugar al planteo de la Confederación General del Trabajo (CGT). El tribunal consideró que no se acreditaron los requisitos de "necesidad y urgencia" para modificar leyes laborales por decreto, salteando el debate en el Congreso de la Nación.
Los magistrados destacaron que las reformas planteadas afectan derechos individuales y colectivos que requieren un análisis más profundo. Con esta decisión, quedan en suspenso artículos clave que limitaban el derecho a huelga, modificaban el cálculo de indemnizaciones y extendían el período de prueba de los trabajadores.
Los argumentos de la CGT y la estrategia gremial
Desde la central obrera celebraron la medida como un triunfo de la institucionalidad. Los dirigentes sindicales sostienen que el decreto avanza sobre conquistas históricas y que cualquier modificación del régimen de trabajo debe ser discutida en el ámbito legislativo, donde las diferentes fuerzas políticas puedan sentar posición.
"No hay ninguna urgencia que justifique quitarle derechos a los trabajadores por un decreto de un día para el otro", expresaron fuentes vinculadas a la conducción de la CGT. Para el gremialismo, este fallo refuerza la convocatoria al paro general previsto para finales de enero, consolidando su postura de confrontación ante el modelo económico actual.
Impacto político y los próximos pasos del Gobierno
El fallo judicial genera un escenario de incertidumbre para las empresas y los trabajadores, ya que retrotrae la situación legal a la normativa previa al DNU. La administración de Javier Milei ya adelantó que apelará la resolución a través de la Procuración del Tesoro, buscando que la causa sea tratada por la Corte Suprema de Justicia.
Este conflicto jurídico abre un nuevo frente de batalla para el oficialismo, que ahora debe lidiar con la resistencia en los tribunales mientras intenta avanzar con la Ley Ómnibus en el Congreso. La definición final quedará en manos de los tribunales superiores, quienes determinarán la constitucionalidad integral de las reformas propuestas por el Ejecutivo.
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