Legisladores de la Ciudad de Buenos Aires han presentado un reclamo formal ante la ANSES para solicitar la suspensión de la jubilación de privilegio que percibe el expresidente Alberto Fernández.
El documento fue impulsado por Graciela Ocaña, junto a María Sol Méndez y Sebastián Nagata, legisladores del interbloque Confianza Pública. En el escrito, dirigido a Fernando Bearzi, titular de ANSES, se pide la "suspensión de la asignación mensual vitalicia" que cobra el exmandatario.
La presentación subraya que el procesamiento de Fernández, ocurrido el 10 de julio, "debe ser suspendida a fin de no perjudicar el erario público". Los legisladores solicitan que la suspensión se mantenga "hasta que se resuelva definitivamente la culpabilidad o no en los hechos que se le imputan".
"Si esa persona utilizó ese lugar de privilegio para beneficio propio y cometió delitos desde ese lugar, no pueden obtener ni mantener este beneficio", argumenta el escrito, haciendo referencia a la Ley 24.018 que otorga las jubilaciones de privilegio. Además, se destaca que el beneficio de Fernández ascendía a $8.877.518,67 a febrero de 2025, lo que representa una "millonaria pérdida a las arcas del Estado".
Los legisladores cuestionan el mensaje que se da a la ciudadanía: "¿Qué mensaje esta dando el Gobierno Nacional si un jubilado que trabajo toda su vida tiene que elegir entre comer o comprar medicamentos?, en cambio un ex presidente -procesado por corrupción y violencia de genero- cobra casi 9 millones de pesos por mes, es decir mas de 24 jubilaciones mínimas", remarca la presentación.
Causa Seguros: Alberto Fernández Procesado y Embargado por Millones
Juez Casanello acusa al exmandatario de impulsar negocios privados desde su cargo; dictan embargo de $14.600 millones.
El juez federal Sebastián Casanello procesó este jueves a Alberto Fernández por corrupción en la denominada causa Seguros, acusándolo de incompatibilidad en los deberes de funcionario público durante su presidencia.
La investigación se originó a partir de la contratación de seguros a través del Banco Nación con la intermediación de brokers cercanos al entorno del exmandatario.
En su fallo, Casanello sostiene que el expresidente se involucró en el "plan de expansión de los negocios" de empresas vinculadas a Martínez Sosa con el Estado. El juez considera que Fernández impulsó a "actores del mundo privado y exhibiendo públicamente que formaban parte de su entorno más íntimo, en un claro mensaje convalidante de sus acciones".
Según el magistrado, con la "connivencia" de Fernández, los brokers "habrían operado en la contratación de seguros de diversos entes estatales, y en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre dichos entes y la aseguradora Nación Seguros; como así también en la inclusión de empresas coaseguradoras por parte de ésta".
En la sentencia de 400 páginas, Casanello también señala que un decreto firmado por Fernández debía "priorizar los fines públicos al afán de lucro".
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