Cristina Kirchner cree que buscan inhabilitarla para ejercer cargos públicos. (Foto: EFE)
El 13 de noviembre de 2024, la Cámara de Casación ratificó la condena a Cristina Kirchner por corrupción en la causa Vialidad, imponiéndole seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La exvicepresidenta ahora buscará apelar la decisión ante la Corte Suprema de Justicia.
El fallo fue leído por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, quienes confirmaron la culpabilidad de Kirchner por “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”, derivada de la mala gestión de la obra pública en la provincia de Santa Cruz durante su mandato. Junto a ella, también fueron condenados otros implicados, como el empresario Lázaro Báez y los exfuncionarios José López y Nelson Periotti, quienes recibirán la misma pena de seis años de prisión.
Carlos Kirchner, José López y Lázaro Báez exponen en los alegatos de defensa del juicio de la causa Vialidad (Foto: DyN y AFP).
Mientras se llevaba a cabo la lectura del fallo en la Sala IV de la Cámara de Casación, Cristina Kirchner participaba de una actividad con mujeres en la localidad bonaerense de Moreno. La exmandataria no tardó en reaccionar y dejó en claro su intención de recurrir a la Corte Suprema. En sus declaraciones previas, Cristina había sostenido que la verdadera intención del fallo era "proscribirla de por vida" al imponerle la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, un argumento que ahora utilizará como parte de su estrategia política.
Desde el punto de vista judicial, la expresidenta ya prepara un recurso extraordinario para que la Corte Suprema revierta la condena, cuestionando el monto de la pena e incluso pidiendo su absolución. La maniobra de Kirchner busca evitar que el fallo quede firme, lo cual sería un obstáculo importante para sus futuros planes políticos.
A nivel político, Cristina Kirchner se posiciona como víctima de un "golpe judicial" y compara su situación con la de Donald Trump, quien, a pesar de enfrentar condenas, sigue teniendo el derecho a postularse a cargos electivos. La exlíder del Partido Justicialista planea utilizar esta situación para reforzar su imagen de "perseguida" y mantener su relevancia en la política nacional, al mismo tiempo que desafía a Javier Milei y al gobierno de turno.
Este escenario judicial también tiene implicaciones políticas más amplias. Kirchner observa la posibilidad de modificar la Corte Suprema, ya sea completándola o ampliándola, lo que podría beneficiarla directamente. Mientras tanto, el proyecto de "ficha limpia" que avanza en el Congreso, impulsado por el PRO, busca impedir que personas condenadas puedan presentarse como candidatas, lo cual representa otro obstáculo para la exvicepresidenta. Sin embargo, Cristina Kirchner ya anticipa su impugnación a este proyecto, reafirmando su intención de luchar por su derecho a ser candidata.
De esta manera, la expresidenta busca convertir la condena en un elemento central de su estrategia política, al mismo tiempo que continua con su batalla judicial para mantener sus aspiraciones a futuro.