La Argentina ha alcanzado un acuerdo con el fondo Titan Consortium para el pago de US$390 millones, correspondientes a la expropiación de Aerolíneas Argentinas. Este acuerdo incluye US$340 millones más intereses, derivados de un laudo arbitral emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en 2019. En agosto de este año, la justicia de los Estados Unidos habilitó la ejecución de esta deuda, lo que llevó a una negociación para definir los términos del pago.
Según Sebastian Maril, analista de Latin Advisors, el acuerdo estipula un monto total de US$389,5 millones, que incluye una tasa de interés variable del 5,11%, la cual sigue acumulándose desde la fecha del fallo. La justicia estadounidense permitirá que la sentencia sea finalizada en los próximos días, sin necesidad de juicio, y de no cumplirse el acuerdo, se activará el proceso de embargos hasta cubrir el total de la deuda.
Titan Consortium, dueño de los derechos de litigio de la expropiación de Aerolíneas, adquirió estos derechos de Burford Capital, la misma empresa que litigó contra el país en el caso YPF, en el cual la Argentina fue condenada por más de US$16.000 millones. En 2008, el gobierno argentino expropió Aerolíneas, y Titan demandó a la Argentina para hacer cumplir la sentencia del CIADI, un tribunal del Banco Mundial que no tiene facultad para ejecutar directamente sus fallos. Esto obligó a Titan a recurrir a los tribunales de EE.UU., donde el país intentó rechazar la demanda, pero finalmente, en agosto, un tribunal de Columbia aceptó la ejecución del laudo.
A medida que se espera la sentencia final, Argentina deberá cumplir con el acuerdo de pago o enfrentar embargos inmediatos. Este revés en el caso de Aerolíneas se suma a otros litigios internacionales en los que el país está involucrado. En los próximos días, podrían surgir novedades en otros casos judiciales, como el litigio por la expropiación de YPF, cuyo fallo afecta a la Argentina por más de US$16.000 millones. Además, el 21 de noviembre vence el plazo para resolver una disputa en Gran Bretaña sobre el "Cupón PBI", una causa por manipulación de estadísticas del INDEC durante el kirchnerismo, que podría activar embargos por US$1.500 millones.
