El Senado de Uruguay aprobó este miércoles la trascendental Ley de Muerte Digna, legalizando así la eutanasia y sumando al país a un reducido grupo de naciones que permiten el procedimiento. La histórica votación se dio tras un debate parlamentario que se extendió por más de diez horas y que concluyó con un amplio apoyo transversal. La iniciativa busca garantizar el derecho a "transitar dignamente el proceso de morir" para personas adultas, psíquicamente aptas y que padezcan enfermedades incurables o sufrimientos intolerables derivados de ellas.
Amplio Apoyo Político y Fundamentos de la Nueva Ley
Repercusiones y Voces a Favor de la Muerte Digna
La decisión fue recibida con alivio por familias que llevan años pidiendo la despenalización. Beatriz Gelós, una mujer de 71 años que padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), expresó su profunda satisfacción ante la votación, declarando: "Me daría una paz impresionante que se apruebe. Es una ley de compasión, muy humana y bien redactada". De igual forma, la familia de Pablo Cánepa, un hombre de 39 años con una enfermedad rara e incurable, "celebró la aprobación", según dijo su hermano, indicando que fue "un verdadero alivio" tras años de agonía.
Contexto Regional y Debate Ético en Uruguay
Con esta ley, Uruguay reafirma su tradición de aprobar leyes de avanzada —como la legalización del cannabis, el matrimonio igualitario y el aborto— y se une en la región a Colombia (que despenalizó la eutanasia en 1997) y Ecuador (que lo hizo el año pasado). El debate parlamentario se desarrolló en un clima de respeto, aunque al finalizar la votación se registraron protestas en las gradas, obligando a desalojar al público.
El senador oficialista Daniel Borbonet aseguró que la ley es "sólida" y "brinda seguridad jurídica". En contraparte, el opositor Pedro Bordaberry la calificó como "una norma que promueve la muerte asistida". Pese a las objeciones, una encuesta de Cifra mostró que más del 60% de la población apoya la eutanasia, frente a un 24% que la rechaza. La Iglesia Católica manifestó su "tristeza" por la aprobación, mientras que el Colegio Médico de Uruguay optó por evitar una postura institucional, aunque garantizó la máxima protección para profesionales y pacientes. El proyecto se fundamenta en la Constitución uruguaya, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros marcos legales.
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