La Justicia de Rosario dispuso que la aseguradora otorgue el dispositivo de alta tecnología a un operario que sufrió la amputación de su brazo derecho en un accidente laboral.
La Cámara de Apelaciones en lo Laboral de Rosario dictó un fallo inédito que obliga a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) La Segunda a costear la compra e implantación de una prótesis biónica de miembro superior para un trabajador metalúrgico. El operario sufrió la pérdida de su brazo derecho tras quedar atrapado en una máquina estampadora durante su jornada laboral en un taller del sur santafesino.
La resolución judicial se da tras un extenso litigio en el cual la compañía aseguradora se oponía a financiar el dispositivo de alta tecnología, argumentando que las coberturas estandarizadas de la Ley de Riesgos del Trabajo ($24.557$) contemplan únicamente modelos mecánicos o cosméticos convencionales. Los magistrados de la Sala II rechazaron la postura corporativa al priorizar el derecho a la reparación integral y la reinserción social del damnificado.
El accidente y la negativa sistemática de la aseguradora
El hecho que originó la demanda ocurrió en noviembre de 2023, cuando el operario, de 34 años, realizaba tareas de mantenimiento en el sector de matricería de la planta industrial. Por una falla en los sistemas de bloqueo térmico, el mecanismo se activó de forma imprevista, provocándole lesiones severas que derivaron en la amputación supracondílea de su extremidad hábil.
Tras recibir el alta médica hospitalaria y culminar la etapa de rehabilitación primaria, los terapeutas prescribieron la necesidad de una prótesis de última tecnología con comandos miorreceptores para mitigar el impacto de la discapacidad. Sin embargo, la ART rechazó la solicitud formal de los profesionales de la salud, ofreciendo en su lugar un elemento rígido de funcionalidad limitada, lo que motivó la presentación de una acción de amparo por parte de los asesores legales del trabajador.
La defensa de la aseguradora sostuvo que la prótesis biónica solicitada excedía los catálogos de prestaciones aprobados por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). La firma alegaba que el costo de mercado del equipamiento tecnológico resultaba desproporcionado respecto de los parámetros indemnizatorios fijados por el sistema de seguridad social vigente en el país.
El argumento judicial sobre la dignidad y la tecnología aplicada
Los jueces de cámara fundamentaron su decisión en tratados internacionales con jerarquía constitucional, haciendo especial hincapié en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El tribunal consideró que las herramientas contempladas en las normativas locales de accidentes de trabajo no pueden transformarse en un techo infranqueable cuando está en juego la autonomía de un individuo en su etapa más activa.
"La cobertura médica y asistencial debe adaptarse a los avances científicos disponibles si estos garantizan una mejora sustancial en las condiciones de vida del paciente", expresaron los magistrados en los considerandos del fallo. La sentencia remarca que obligar al trabajador a utilizar un elemento obsoleto implicaría consolidar un daño moral y físico que la tecnología actual permite revertir de manera parcial.
La resolución detalla que el dispositivo requerido cuenta con sensores que captan los impulsos eléctricos de los músculos remanentes del tocón, permitiendo al usuario realizar movimientos complejos de pinza y rotación. Esta funcionalidad resulta clave para que el joven pueda desarrollar actividades cotidianas elementales y aspirar a una reubicación laboral dentro o fuera del sector metalúrgico.
El impacto económico del fallo y los antecedentes en el sector
El dictamen judicial fija un plazo perentorio de quince días hábiles para que la ART arbitre los medios necesarios para la adquisición e importación del componente biónico, el cual está valuado en aproximadamente 85.000 dólares en el mercado internacional. Además, la empresa deberá hacerse cargo de los costos médicos de la cirugía de implantación, la calibración del software del sistema y los módulos de capacitación especializada para el uso del equipamiento.
Este antecedente en los tribunales de Rosario enciende las alarmas en el sector de las aseguradoras de riesgos, que miran con preocupación el incremento de fallos que perforan los límites económicos de los contratos tradicionales de afiliación. Cámaras empresariales del ámbito de los seguros advierten que la proliferación de estas sentencias altera las previsiones técnicas y los fondos de reserva constituidos para siniestros graves.
Por su parte, agrupaciones de abogados laboralistas celebraron la medida al considerarla un avance indispensable frente a la desactualización de los listados oficiales de prestaciones de la SRT. Los especialistas señalan que la medicina laboral argentina arrastra un retraso normativo considerable en la autorización de insumos tecnológicos, forzando a los damnificados a depender de extensos procesos judiciales para acceder a tratamientos modernos.
De acuerdo con información difundida por: Versión Rosario
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