La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso el cese definitivo de la habilitación de Laboratorios Apolo S.A., la empresa santafesina que protagonizó uno de los siniestros industriales más graves de la historia reciente de Rosario. La medida cierra un ciclo de casi una década de irregularidades y procesos judiciales.
A través de la Disposición 4/2026 publicada este lunes en el Boletín Oficial, el organismo nacional canceló el certificado de inscripción en el Registro de Especialidades Medicinales (REM) y dio de baja el legajo de la firma. La resolución implica el fin operativo de una planta que quedó marcada por la tragedia y las sospechas de manejos vinculados al narcotráfico.
El impacto de la explosión y el cierre de oficio
El 27 de junio de 2016, una caldera del laboratorio ubicado en la calle Alem al 2900 explotó, provocando el derrumbe parcial del edificio y daños estructurales en las viviendas vecinas. El incidente dejó un saldo de cinco heridos, uno de ellos con quemaduras de extrema gravedad, y una causa judicial caratulada como estrago culposo y lesiones graves.
La ANMAT explicó que la baja se impulsó de oficio a través del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname). Si bien la actividad técnica estaba limitada desde 2017, el proceso administrativo se dilató hasta el vencimiento del certificado de inscripción. "Recién tras el vencimiento de ese certificado, que no fue reinscripto, el organismo avanzó con su cancelación", detalla la normativa vigente.
Nexos societarios y el escándalo del fentanilo
El cierre de Apolo cobra especial relevancia por su entramado empresarial. La firma fue adquirida en 2005 por Ariel García Furfaro y Jorge Salinas, los mismos nombres detrás de HLB Pharma, el laboratorio involucrado en la crisis del fentanilo contaminado que causó muertes y decenas de internaciones en el país durante el año pasado.
Al momento de la explosión en Rosario, la planta de Apolo contaba con permisos para producir e importar efedrina, un insumo clave bajo estricto control estatal por su potencial desvío para la fabricación de drogas sintéticas. Esta situación mantuvo a la empresa bajo la lupa de los investigadores federales durante años.
Un capítulo judicial sin condenas efectivas
A pesar de la magnitud del desastre ocurrido en el sur rosarino, la respuesta de la Justicia fue cuestionada por las víctimas. En 2019, la Justicia provincial resolvió el sobreseimiento de tres de los cinco imputados. Los dos directivos restantes accedieron a una suspensión de juicio a prueba, evitando así una sentencia firme por las lesiones y daños materiales provocados.
Con la firma del administrador nacional de la ANMAT, Luis Eduardo Fontana, el Estado formaliza la salida del sistema de una empresa que, entre explosiones y escándalos sanitarios, se convirtió en un emblema de las fallas de control industrial. El predio de barrio Tablada, que alguna vez fue un centro de producción inyectable, queda hoy definitivamente despojado de sus permisos sanitarios.
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