La Cámara de Diputados aprobó y envió al Senado el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que reduce el alcance geográfico del régimen de Zona Fría, disminuyendo el beneficio tarifario para millones de usuarios.
Tras un extenso debate que se prolongó por más de once horas en el recinto, el oficialismo logró consolidar una mayoría parlamentaria para avanzar con una de las reformas estructurales clave en materia fiscal. La iniciativa recibió 132 votos a favor, 105 en contra y cuatro abstenciones, reflejando la fuerte polarización en torno a los esquemas de asistencia energética y el costo de los servicios públicos.
El tratamiento legislativo expuso las urgencias del Palacio de Hacienda por profundizar la reducción del gasto público. El Régimen de Zona Fría, que históricamente otorgaba descuentos sustanciales en las tarifas de gas de red a los usuarios residenciales de las regiones con temperaturas promedio más bajas del país, sufrirá una fuerte contracción en su mapa de cobertura si la norma es ratificada por la Cámara Alta.
Las alianzas políticas detrás del triunfo oficialista
Para garantizar el avance del texto normativo, los legisladores de La Libertad Avanza debieron articular consensos con diversos sectores de la oposición dialoguista. El núcleo del respaldo provino de los bloques del PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), e Innovación Federal.
A este conglomerado de bancadas se sumaron también los representantes de Independencia, y Producción y Trabajo. Esta confluencia de fuerzas permitió superar el piso de los 129 votos necesarios para destrabar la votación y contrarrestar el rechazo unificado del peronismo y los partidos de izquierda.
La gran sorpresa de la jornada se ubicó en el comportamiento de tres legisladores pertenecientes al bloque Elijo Catamarca, espacio alineado de manera directa con el gobernador de dicha provincia, Raúl Jalil. Estos diputados optaron por desmarcarse de la oposición dura y eligieron la abstención, lo que facilitó el escenario matemático para que el Gobierno nacional sellara la media sanción.
El impacto fiscal y la reconfiguración del esquema tarifario
La meta gubernamental detrás de esta modificación legal apunta de forma directa a la reducción del déficit primario a través del recorte de los subsidios económicos. El diseño actual del beneficio abarca a amplias regiones de la Patagonia, la provincia de Buenos Aires, Mendoza, San Juan, Salta y zonas de Santa Fe y Córdoba, beneficiando a cerca de cuatro millones de hogares. La nueva normativa busca focalizar la asistencia social únicamente en los sectores de vulnerabilidad extrema, redefiniendo los criterios de inclusión geográfica y socioeconómica.
De acuerdo con los fundamentos del proyecto que ingresó al Parlamento, el sostenimiento generalizado de las tarifas de gas genera distorsiones macroeconómicas complejas. La poda de estos beneficios fiscales se traducirá de manera directa en un incremento en el valor de las facturas residenciales para aquellos usuarios que queden excluidos del nuevo mapa de cobertura de la Zona Fría.
El escenario para las provincias del interior resulta sumamente sensible, dado que la pérdida del subsidio coincidirá con la llegada de los meses de mayor demanda estacional debido a las bajas temperaturas invernales. Municipios y entidades de consumidores ya manifestaron su preocupación por el impacto inmediato sobre el poder adquisitivo de los sectores medios urbanos.
Antecedentes inmediatos y el camino hacia el Senado
Este debate parlamentario se encuadra en una agenda legislativa de alta intensidad, donde la Cámara de Diputados también concentró sus discusiones en el financiamiento de las universidades públicas y la situación presupuestaria de centros de salud de alta complejidad como el Hospital Garrahan. El tratamiento de la Zona Fría se constituyó finalmente como la máxima prioridad del oficialismo para la jornada legislativa.
El documento con media sanción fue girado de inmediato a la Cámara de Senadores, donde las comisiones técnicas deberán iniciar su evaluación en los próximos días. Desde la Casa Rosada esperan una tramitación acelerada para obtener la sanción definitiva de la ley antes de que finalice el período de sesiones ordinarias en curso.
El resultado en la Cámara Alta permanece abierto, debido a que la representación de las provincias patagónicas y del interior del país cuenta con un peso relativo superior en ese cuerpo legislativo, lo que obligará al Poder Ejecutivo a emprender una nueva ronda de negociaciones con los gobernadores provinciales.
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