El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, promulgó la derogación de la ley que limitaba el accionar militar en el plano interno, lo que faculta al Poder Ejecutivo a declarar el estado de excepción para normalizar el abastecimiento de productos básicos en las regiones más castigadas por las protestas civiles.
El fin de las restricciones legales para el despliegue militar
El Poder Ejecutivo boliviano oficializó la anulación completa de la Ley 1341 de Estados de Excepción, una normativa que permanecía vigente desde octubre de 2020. Aquella regla, aprobada originalmente durante una etapa de fuerte transición política en el país andino, limitaba el uso de los efectivos militares en tareas de seguridad interior y condicionaba su despliegue únicamente a situaciones extremas donde la capacidad de la Policía Nacional se viera totalmente sobrepasada.
Con la publicación del nuevo texto en la Gaceta Oficial del Estado, el presidente Rodrigo Paz recuperó la facultad constitucional directa de disponer de las Fuerzas Armadas para intervenir en las rutas nacionales y centros urbanos congestionados. Si bien la promulgación de esta norma no activa de forma automática el estado de sitio o de excepción, deja preparado el escenario legal para que el mandatario lo aplique de inmediato en caso de que las negociaciones políticas fracasen y las manifestaciones persistan en los puntos más estratégicos de la geografía boliviana.
La sesión legislativa que habilitó este giro en la política de seguridad interior se realizó bajo una modalidad virtual de emergencia, debido a que una gran cantidad de parlamentarios se vio imposibilitada de trasladarse físicamente hasta la sede gubernamental en La Paz a causa de los masivos piquetes que paralizan el transporte en casi toda la nación.
Desabastecimiento crítico y parálisis en el eje andino
La prioridad inmediata del Gobierno, según explicaron voceros parlamentarios tras la aprobación de la ley, radica en liberar el tránsito de suministros esenciales en las regiones occidentales y del altiplano. Ciudades neurálgicas como La Paz, El Alto y Oruro enfrentan un desabastecimiento alarmante de elementos esenciales para la vida cotidiana de sus poblaciones.
Las autoridades sanitarias y los ministerios del sector productivo emitieron informes urgentes sobre las consecuencias directas que están provocando las tres semanas consecutivas de cortes de rutas. Entre los problemas más severos reportados en las últimas jornadas se destacan:
Insumos médicos: Centros de salud de Oruro y El Alto informaron la falta crítica de oxígeno medicinal y reactivos de laboratorio. Las autoridades denunciaron que las interrupciones en el traslado sanitario ya provocaron el fallecimiento de cuatro personas que no pudieron recibir asistencia médica oportuna.
Combustibles: El desvío o la retención de camiones cisterna generó desabastecimiento en las estaciones de servicio, interrumpiendo el transporte urbano de pasajeros y la cadena logística de distribución local.
Alimentos básicos: El encarecimiento y la escasez de productos de la canasta básica comenzaron a generar largas filas en los mercados populares del occidente, mientras las cargas agrícolas provenientes de las zonas productoras del oriente se pudren en las rutas.
La situación también se extendió con fuerza hacia regiones intermedias del país, registrándose cortes de carreteras significativos en Cochabamba, Santa Cruz y Potosí.
Los motivos detrás del reclamo civil y la presión sobre el Ejecutivo
Las movilizaciones que derivaron en esta profunda crisis institucional se encuentran lideradas por organizaciones gremiales adscriptas a la Central Obrera Boliviana (COB), junto con sindicatos de trabajadores campesinos, agrupaciones indígenas, sectores mineros y federaciones vecinales. El núcleo central de la protesta exige la renuncia inmediata del presidente Rodrigo Paz, en el marco de una fuerte tensión por la gestión económica y el rumbo político del Gobierno.
Los manifestantes montaron más de 150 puntos de bloqueo fijos en las principales carreteras nacionales, una estrategia de asfixia urbana que busca forzar una salida anticipada del mandatario o un cambio radical en su gabinete de ministros.
Por su parte, el presidente defendió su postura argumentando que su gestión gubernamental debe mantener un equilibrio estricto entre las demandas históricas de las regiones andinas tradicionales del oeste y los requerimientos económicos del empresariado de los llanos orientales, asentados principalmente en Santa Cruz. Sectores de la oposición altiplánica acusan a Paz de priorizar los intereses agroindustriales del oriente en detrimento de los productores locales de la región occidental del país.
El dilema del diálogo en medio de la preparación para la emergencia
La derogación de los límites militares se produce en un doble escenario político. Mientras la ley otorgaba al Ejecutivo el control de la fuerza pública para abrir las rutas de manera coercitiva, la administración de Rodrigo Paz anunció de manera simultánea el lanzamiento del Consejo Económico y Social, concebido como una instancia formal de negociación para convocar a todas las partes en disputa.
La encrucijada actual de Bolivia radica en la efectividad de ese llamado. Durante las primeras horas de la convocatoria institucional, los principales líderes sindicales y vecinales que controlan las rutas decidieron ausentarse de las mesas de concertación, ratificando la continuidad de sus medidas de fuerza por tiempo indeterminado.
Frente a este ausentismo de las bases movilizadas, las declaraciones oficiales del Gobierno subieron de tono, advirtiendo que a los sectores en protesta "se les acaba el tiempo" para sentarse a negociar acuerdos pacíficos. Con la normativa de excepción ya vigente y publicada, las Fuerzas Armadas quedaron formalmente acuarteladas y en estado de apronte logístico, a la espera de las órdenes presidenciales directas para intervenir en los corredores viales colapsados.
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