La Cámara de Diputados debate un proyecto de resolución para dejar sin efecto la quita de compensaciones económicas a las empresas de transporte de larga distancia, una medida dispuesta por el Gobierno nacional que pone en riesgo la gratuidad de los pasajes para personas con discapacidad, pacientes oncopediátricos y trasplantados.
El impacto de la Resolución 28/2026 en el transporte de larga distancia
La controversia escaló en el Congreso de la Nación tras la oficialización de la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía. Esta normativa eliminó de forma definitiva el fondo de compensaciones económicas que el Estado nacional otorgaba a las cámaras empresarias de micros de larga distancia para cubrir el costo de los pasajes gratuitos.
Dicho régimen de subsidios se encontraba vigente desde el año 2018 y funcionaba como el mecanismo financiero para sostener el cumplimiento de las leyes nacionales de protección social. Al eliminarse estas partidas presupuestarias, la administración central trasladó la totalidad del costo operativo de los traslados a las empresas privadas del sector, lo que desató una parálisis administrativa y la consecuente dificultad de los usuarios para conseguir boletos.
La iniciativa parlamentaria presentada busca retrotraer la medida de manera urgente y exigir al Poder Ejecutivo el restablecimiento de los canales de financiamiento. Según los fundamentos del proyecto, la falta de aportes estatales interrumpe de forma fáctica los derechos adquiridos por miles de ciudadanos que dependen exclusivamente de este beneficio para sus tratamientos médicos y actividades cotidianas.
Reclamos institucionales y el alcance de las leyes de gratuidad
Las organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad manifestaron su preocupación ante lo que consideran un retroceso en las políticas de inclusión. La gratuidad de los pasajes en micros de larga distancia no constituye un beneficio discrecional, sino una obligación regulada por un marco normativo específico que incluye convenios internacionales con jerarquía constitucional.
Los principales afectados por la suspensión del financiamiento son los pacientes oncopediátricos y las personas trasplantadas o en lista de espera, quienes deben trasladarse con frecuencia hacia los centros de alta complejidad médica, ubicados mayoritariamente en las grandes capitales provinciales y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El sector empresarial de transporte terrestre argumenta que el escenario actual resulta económicamente insostenible sin el aporte estatal. Fuentes del sector de transporte de larga distancia señalaron que absorber la totalidad del costo de los pasajes especiales afecta la rentabilidad de las líneas en un contexto de caída del consumo generalizado, lo que derivó en restricciones de cupos en diferentes terminales del país.
Antecedentes del conflicto presupuestario y el debate legislativo
El sistema de compensaciones que se derogó esta semana había sido diseñado en 2018 para saldar los recurrentes conflictos judiciales entre el Estado y las empresas de colectivos. Durante los últimos años, el esquema funcionó mediante un sistema de entrecruzamiento de datos donde las compañías declaraban los pasajes emitidos bajo la modalidad de gratuidad y el Estado transfería los montos correspondientes de forma mensual.
Con la aplicación de la nueva política de déficit cero del Ministerio de Economía, la Secretaría de Transporte resolvió que el beneficio debe ser garantizado por las empresas como parte de las obligaciones de sus concesiones viales, sin derecho a un reintegro económico directo. Esta interpretación normativa provocó el rechazo unánime de los bloques opositores en el Congreso, quienes argumentan que la ley obliga al Estado a coordinar y financiar la accesibilidad.
El proyecto de resolución ingresado a la mesa de entradas de la Cámara baja cuenta con el apoyo de legisladores de diversas bancadas, quienes solicitarán un pedido de informes al secretario de Transporte para conocer el impacto real de la medida en las provincias del interior y las alternativas evaluadas para garantizar la movilidad de los usuarios vulnerables.
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