El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, anunció la actualización de las recompensas para aquellas personas que proporcionen datos verificados sobre los homicidios de Damián Lucero, Joaquín Pérez, Mauro Villamil y Rocío Romano. Asimismo, se han abierto nuevos pedidos de recompensas en los casos de Ivana Garcilazo, Lautaro Aranda, Enrique Candelaria, Nicolás Agüero, Matías Isassa y Maximiliano Gómez.
A su vez, se mantienen vigentes las recompensas relacionadas con los homicidios de Marcos Iván Daloia, Héctor Raúl Figueroa, Diego Alejandro Celentano, Walter Eduardo Paglia y Andrea Verónica Portillo, además de los casos de desaparición de Paula Perassi y Mónica Soledad Aquino.
“Las recompensas se originan a partir de un pedido del Ministerio Público de la Acusación (MPA) al Gobierno de la Provincia, mientras que los montos se establecen de acuerdo a la complejidad de cada causa,” explicó Lucía Masneri, secretaria de Asuntos Penales. Añadió que “cada fiscal interviniente realiza el pedido de recompensa a la Fiscalía Regional y de ahí se eleva a la Fiscalía General antes de llegar al Ministerio de Justicia y Seguridad.”
Garantías y Proceso
Se aseguró que la identidad de las personas que proporcionen información, así como la de aquellos que reciban la recompensa, será mantenida en secreto antes, durante y después del proceso judicial. El pago de la recompensa solo se realizará tras un informe favorable del MPA y de la Dirección Provincial de Protección de Testigos, que certifiquen la relevancia de los datos aportados.
“No se puede emitir el pago si el fiscal de la causa no asegura que la información ha sido crucial,” aclaró Masneri.
Los datos podrán ser aportados en las diferentes sedes de las Fiscalías Regionales del MPA distribuidas en la provincia: en Santa Fe (Av. General E. López N°3302), Rosario (Sarmiento N°2850), Venado Tuerto (Alvear N° 675), Reconquista (Iriondo N° 553) y Rafaela (Necochea N° 44).
Con estas medidas, el gobierno provincial continúa buscando incentivar la colaboración ciudadana para resolver casos que han quedado en el limbo judicial, ofreciendo recompensas a quienes puedan proporcionar pistas decisivas en la investigación.
