El Concejo Municipal debate un proyecto para habilitar espacios de estacionamiento temporal frente a construcciones, buscando despejar el paso peatonal y evitar sanciones a los trabajadores.
La saturación del espacio público en Rosario alcanzó un punto crítico debido al crecimiento exponencial del parque de motovehículos, que ya representa casi un tercio del total de rodados en la ciudad. Ante este escenario, la concejala Carolina Labayru (Unidos) presentó una iniciativa que propone una solución logística inmediata: la creación de boxes de estacionamiento para motos frente a las obras en construcción. La medida apunta a resolver el conflicto recurrente entre los peatones y los trabajadores que, ante la falta de espacios habilitados, terminan ocupando las veredas con sus vehículos.
El impacto del crecimiento del parque automotor
Rosario registra actualmente un total de 641.000 vehículos circulando por sus calles, de los cuales más de 208.000 son motocicletas. Esta cifra refleja que uno de cada tres vehículos es una moto, un medio de transporte que ha ganado terreno por su agilidad y menor costo de mantenimiento, pero que ha colapsado las opciones de estacionamiento en el macrocentro y barrios con alta densidad edilicia.
La proliferación de motos en las veredas no es solo un problema estético o de comodidad; representa un obstáculo real para la accesibilidad universal. Personas con movilidad reducida, adultos mayores y padres con cochecitos de bebés se ven obligados a bajar a la calzada debido a la acumulación de rodados en zonas de paso. El proyecto de Labayru intenta canalizar esta demanda en los frentes de las más de 600 obras en ejecución que hoy tiene la ciudad, aprovechando el espacio de calzada que ya suele estar afectado por la logística de la construcción.
Ordenamiento urbano y prevención de multas
El foco de la propuesta está puesto en el "estacionamiento temporal". Al igual que existen espacios reservados para carga y descarga o para contenedores de escombros, se busca que las obras cuenten con un sector delimitado para que los obreros y contratistas dejen sus motos sin infringir el Código de Convivencia.
"El trabajador de la construcción utiliza mayoritariamente la moto para trasladarse y termina estacionando en veredas o lugares no habilitados por la falta de alternativas", explicó la edila Labayru al fundamentar su propuesta. Con la creación de estos boxes, se busca un doble beneficio: liberar el paso peatonal para los vecinos y brindar seguridad jurídica a los empleados, quienes actualmente se exponen a multas y al acarreo de sus vehículos por parte de la Dirección General de Tránsito.
El desafío de las 600 obras en ejecución
La implementación de esta normativa requeriría una coordinación estrecha entre la Secretaría de Control y Convivencia y las empresas constructoras. Según los datos que maneja el Palacio Vasallo, Rosario cuenta con más de 600 edificios o refacciones de gran escala en marcha. Cada uno de estos puntos se convierte, potencialmente, en un foco de conflicto por la ocupación del espacio público.
El proyecto estipula que estos boxes tengan un carácter transitorio y estén vinculados estrictamente al plazo de ejecución de la obra. Una vez finalizada la construcción, el espacio de calzada debería ser restituido al uso general o al estacionamiento medido, según corresponda a la zona.
Un cambio en la fisonomía del microcentro
La fisonomía de las calles rosarinas ha cambiado drásticamente en la última década. La saturación de las playas de estacionamiento privadas, con tarifas que en muchos casos resultan prohibitivas para un trabajador diario, ha empujado a miles de usuarios a la informalidad del estacionamiento en la acera.
Esta iniciativa se suma a otros debates pendientes en el Concejo sobre la movilidad urbana, como la ampliación de las zonas de estacionamiento medido y la mejora del transporte público para desalentar el uso de vehículos particulares. Sin embargo, la propuesta de los boxes frente a las obras se presenta como una "salida rápida" y de bajo costo operativo que podría aliviar la tensión en los barrios con mayor desarrollo inmobiliario, como Pichincha, Lourdes y el Centro.
El debate en las comisiones de Planeamiento y de Control determinará los detalles técnicos, como la señalización obligatoria y si el costo de la demarcación de estos boxes deberá ser absorbido por las empresas constructoras como parte de sus permisos de edificación. Por lo pronto, el consenso general apunta a que la situación actual de las veredas es insostenible y requiere una intervención normativa urgente.
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