La Arquidiócesis de Rosario envió una propuesta formal a la Cámara de Diputados para frenar la prohibición total de la actividad, advirtiendo que la sanción sin alternativas de inclusión profundizará la vulnerabilidad social.
El reclamo eclesiástico ante la Legislatura
La Pastoral Social de la Iglesia rosarina decidió elevar el tono de su postura frente al avance legislativo que busca erradicar la figura del "trapito" en toda la provincia de Santa Fe. A través de una carta enviada a la Cámara de Diputados, la institución solicitó que no se generalice la conducta de quienes cuidan vehículos, diferenciando entre aquellos que ofrecen un servicio por necesidad y quienes ejercen prácticas extorsivas.
Fabián Monte, titular de la Pastoral Social, fue el encargado de llevar este planteo que surge en un momento crítico: el Senado santafesino ya otorgó media sanción a un proyecto que establece la prohibición de la actividad. Para la Iglesia, esta medida, de aplicarse de forma lineal, representaría una "criminalización de la asistencia social" y un avance sobre la libertad de trabajo informal en un contexto de crisis económica.
Regulación vs. prohibición: los ejes del proyecto
La propuesta de la Iglesia no se limita a la queja, sino que delinea un programa regulador basado en la identificación y el ordenamiento. El eje central es la creación de un registro oficial de cuidacoches, permitiendo que el Estado tenga control sobre quiénes desempeñan la tarea y en qué condiciones lo hacen.
Según el documento eclesiástico, es fundamental distinguir dos realidades opuestas:
Iniciativa privada legítima: Personas en situación de calle o desempleo que ofrecen lavar o cuidar un auto a cambio de una contribución voluntaria.
Prácticas abusivas: Grupos que utilizan la coerción, las amenazas o la explotación del espacio público con fines delictivos.
Desde la Arquidiócesis sostienen que el Estado debe intervenir con fuerza sobre el segundo grupo, especialmente en eventos masivos donde operan mafias organizadas, pero no debe castigar por igual al eslabón más débil de la cadena social.
El impacto social y el riesgo de la "clandestinidad"
Uno de los puntos más agudos de la misiva firmada por el Arzobispado, bajo la línea del obispo Eduardo Martin, refiere a las consecuencias inmediatas de una ley prohibitiva. "¿Qué van a realizar esas personas al día siguiente de la prohibición?", interrogaron las autoridades religiosas a los legisladores.
Para la Iglesia, prohibir sin ofrecer un puente hacia el trabajo formal o la capacitación es "empezar al revés". Advierten que la sanción por sí sola no elimina el problema, sino que lo desplaza hacia zonas con menor control estatal, volviendo la actividad más informal y potencialmente más conflictiva al quedar fuera de cualquier marco normativo.
Antecedentes y el futuro en Diputados
La discusión sobre los cuidacoches no es nueva en la región; en Rosario existen proyectos de regulación que datan de 1994, pero nunca lograron consenso político suficiente. Actualmente, el proyecto del senador Ciro Seisas que prohíbe la actividad en toda la provincia depende de lo que ocurra en la Cámara Baja.
Dicha iniciativa deja en manos de cada municipio la potestad de adherir o no a la norma, lo que podría generar un mapa heterogéneo en Santa Fe. Mientras tanto, los diputados han comenzado a recibir a distintos sectores, incluida la Mesa de Trabajo de Cuidacoches del Concejo Municipal de Rosario, para intentar dar una respuesta a una problemática que oscila entre la seguridad ciudadana y la emergencia social.
"No es trapitos sí o no. Es sobre cómo el Estado distingue, regula y responde frente a la vulnerabilidad", concluye la carta de la Pastoral. La presión de la Iglesia ahora obliga a los legisladores a recalibrar el debate: la decisión final deberá equilibrar el reclamo de los vecinos por el orden público y la advertencia religiosa sobre la marginalidad extrema.
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