El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial calificó de inconstitucional el traspaso de rutas nacionales a las provincias, advirtiendo por la proliferación de puestos de cobro y el deterioro de la red vial.
La decisión del Gobierno nacional de delegar la gestión y el mantenimiento de diversas rutas nacionales a las administraciones provinciales desató un duro cruce con entidades de usuarios. El plan, impulsado por la gestión de Javier Milei, contempla que las provincias asuman la responsabilidad de las obras a cambio de la potestad para instalar nuevos sistemas de peaje.
Desde el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv) señalaron que esta medida representa un retroceso estructural para el transporte en Argentina. Su coordinador, Ricardo Lasca, fue tajante al afirmar que, bajo este esquema de fragmentación de la red vial, el país corre el riesgo de "volver al sulky o a andar en carros" debido al estado de abandono y el costo logístico.
La advertencia por la inconstitucionalidad y el costo logístico
El eje central de la crítica radica en la legalidad del traspaso y la carga económica que recaerá sobre los automovilistas y el transporte de cargas. Según la Conaduv, la medida vulnera principios constitucionales al no ofrecer caminos alternativos gratuitos y generar una "doble imposición", dado que los usuarios ya contribuyen al mantenimiento vial a través del impuesto a los combustibles.
"De esta forma nos van a rodear de garitas por todos lados", advirtió Lasca. Las proyecciones de la entidad indican que, con la implementación de la Red Federal de Concesiones, se sumarían 50 nuevas estaciones de peaje a las 40 ya existentes en los 9.000 kilómetros concesionados. Esto implicaría la presencia de un puesto de cobro cada 90 kilómetros, encareciendo significativamente el flete y los viajes particulares.
El desmantelamiento de la Dirección Nacional de Vialidad es otro de los puntos de fricción. Al ceder la jurisdicción de trazados estratégicos —como la ruta nacional A012 en Santa Fe—, el Estado Nacional se desprende de su obligación de garantizar la conectividad federal, dejando el financiamiento supeditado a la capacidad de recaudación local o al cobro directo al usuario.
Impacto en Santa Fe y la avanzada judicial
En el territorio santafesino, la preocupación es inmediata. Aunque la provincia ya manifestó su intención de reparar corredores críticos como la A012 —clave para el flujo exportador hacia los puertos del Gran Rosario—, el decreto de traspaso formal aún no se concretó. Sin embargo, la ley de peajes provinciales ya vigente en Santa Fe sirve como antecedente para un modelo que, según los críticos, se replicará en distritos como Río Negro y Entre Ríos.
El conflicto no quedará solo en el plano retórico. Desde la Conaduv anticiparon que acudirán a la Justicia para frenar lo que consideran un "esquilmo" al bolsillo del ciudadano. El argumento jurídico se centrará en la falta de transparencia de los contratos y la ausencia de beneficios reales para quienes transitan rutas que, hoy en día, presentan graves baches, falta de señalización y banquinas peligrosas.
La situación plantea un dilema para la producción nacional. Mientras el Gobierno busca reducir el déficit fiscal eliminando el gasto en obra pública nacional, el sector productivo advierte que el costo de los nuevos peajes se trasladará directamente a los precios finales de los productos, afectando la competitividad en un contexto económico ya frágil.
Los datos detrás de la crisis vial
El esquema actual de infraestructura en Argentina muestra signos de agotamiento que la provincialización busca mitigar, aunque con métodos cuestionados. Entre los puntos de mayor relevancia se destacan:
Aumento de estaciones: Se prevé pasar de 40 a 90 estaciones de peaje en la red nacional bajo el nuevo plan de concesiones.
Frecuencia de cobro: El promedio de distancia entre peajes se reduciría a menos de 100 kilómetros en los tramos más transitados.
Falta de inversión: El freno total a la obra pública nacional durante el primer trimestre del año aceleró el deterioro de rutas que hoy las provincias intentan "rescatar" mediante la gestión propia.
Para los usuarios, el impacto social es evidente: el encarecimiento de la movilidad se suma a la inflación general, mientras que la seguridad vial queda en un segundo plano frente a la urgencia recaudatoria. La batalla judicial que se avecina definirá si el modelo de "quien usa, paga" es aplicable a una red federal que, por ley, debería garantizar el libre tránsito en todo el territorio argentino.
¿Considerás que el traspaso de las rutas a las provincias ayudará a mejorar su estado o solo servirá para aumentar la recaudación mediante peajes?
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