La periodista Luciana Geuna rechazó las acusaciones del Poder Ejecutivo sobre la obtención de imágenes en la sede de gobierno y aseguró que el material fue registrado en áreas comunes de libre acceso.
La tensión entre el Gobierno nacional y el periodismo sumó un capítulo de alta gravedad institucional tras la denuncia penal presentada contra los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno. El Ejecutivo acusa a los profesionales de haber realizado tareas de "espionaje ilegal" al difundir imágenes de sectores internos de la Casa Rosada en el programa "¿Y mañana qué?".
Geuna, oriunda de Rosario y figura central de la señal TN, rompió el silencio para aclarar las circunstancias bajo las cuales se obtuvo el material audiovisual que desató la furia del presidente Javier Milei. La periodista sostuvo que los registros no fueron obtenidos mediante métodos ocultos o ilegales, sino que corresponden a zonas de tránsito habitual.
"No fue una grabación clandestina", enfatizó Geuna en sus primeras declaraciones tras conocerse la acción judicial en su contra. La defensa de la periodista se centra en que las imágenes muestran áreas comunes de la Casa de Gobierno, desmintiendo así la hipótesis oficial de una infiltración o vulneración de la seguridad nacional.
Los argumentos del Ejecutivo y la reacción de Javier Milei
La presentación judicial del Gobierno no se limitó a la figura de espionaje, sino que vino acompañada de una fuerte carga retórica por parte de la primera magistratura. El presidente Milei utilizó sus canales oficiales para descalificar a los periodistas implicados, refiriéndose a ellos con términos sumamente agresivos.
"Basuras repugnantes. Me encantaría ver a esas basuras inmundas que portan credencial de periodistas salir a defender lo que hicieron estos delincuentes", expresó el mandatario a través de sus redes sociales. El posteo también incluyó una advertencia hacia los directivos de los medios involucrados, señalando que espera que la justicia llegue "hasta los máximos responsables".
Como medida inmediata a la difusión de las imágenes, el Poder Ejecutivo determinó la prohibición preventiva del ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada. Esta decisión generó una ola de rechazos en las asociaciones de prensa, que ven en la medida un cercenamiento a la libertad de trabajo y una represalia colectiva por la labor de Geuna y Salerno.
El impacto en la libertad de prensa y el acceso a la información
La acusación de espionaje contra periodistas por mostrar el interior de un edificio público establece un antecedente complejo en la relación entre el poder y los medios de comunicación en Argentina. Históricamente, la Casa Rosada ha sido un espacio de cobertura permanente donde la acreditación permite el libre movimiento por sectores específicos.
La estrategia del Gobierno parece apuntar a redefinir qué áreas son consideradas sensibles para la seguridad del Estado. Sin embargo, desde el entorno de los periodistas sostienen que el material exhibido no compromete secretos de Estado ni planes estratégicos, sino que simplemente refleja la cotidianeidad y el estado de diversas oficinas y pasillos gubernamentales.
Este conflicto ocurre en un contexto de alta sensibilidad política, donde el oficialismo mantiene una postura de confrontación directa con el periodismo profesional. La denuncia penal busca elevar el costo de las investigaciones que exponen la intimidad del poder, marcando una frontera que, para los trabajadores de prensa, resulta arbitraria y peligrosa para el sistema democrático.
Antecedentes de tensión con el periodismo acreditado
No es la primera vez que la actual gestión impone restricciones al trabajo de los cronistas en Balcarce 50. Desde el inicio del mandato, se han modificado protocolos de ingreso y se han limitado las conferencias de prensa, pero la denuncia por "espionaje ilegal" representa un salto de escala en la conflictividad.
La imputación de un delito federal a profesionales de la comunicación por el ejercicio de su labor pone en alerta a organismos internacionales de libertad de expresión. La jurisprudencia argentina suele proteger la difusión de información de interés público, especialmente cuando el registro se realiza en edificios estatales financiados por el erario público y habitados por funcionarios que deben rendir cuentas de sus actos.
Por el momento, la causa judicial seguirá su curso en los tribunales de Comodoro Py, mientras el gremio de prensa espera una resolución sobre la prohibición de ingreso impuesta a los acreditados. La resolución de este conflicto definirá, en gran medida, los márgenes de la transparencia informativa durante el resto de la gestión actual y el alcance del control gubernamental sobre la narrativa de lo que sucede puertas adentro de la Casa Rosada.
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