El gobernador bonaerense dejará de entregar bolsones de alimentos a dos millones de alumnos tras denunciar el desfinanciamiento del Gobierno nacional. El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad reestructurará la asistencia ante la caída de recursos coparticipables y el aumento de la demanda social en el conurbano.
El esquema de asistencia alimentaria en la provincia de Buenos Aires enfrenta su mayor reconfiguración desde la pandemia. El gobierno de Axel Kicillof confirmó la suspensión del programa de Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA), una política implementada en 2022 que consistía en la entrega mensual de una caja de alimentos secos a las familias de los estudiantes que asisten a comedores escolares. La decisión responde, según fuentes provinciales, a la imposibilidad de sostener el financiamiento ante el recorte de transferencias por parte de la administración de Javier Milei.
La medida afecta directamente a una matrícula de dos millones de alumnos distribuidos en los 135 municipios bonaerenses. Desde La Plata argumentan que el ahogo financiero impuesto por el Poder Ejecutivo Nacional obligó a priorizar el Servicio Alimentario Escolar (SAE) tradicional —el plato de comida caliente dentro de las escuelas— por sobre el refuerzo para el hogar que representaba el plan MESA.
El impacto del desfinanciamiento en la asistencia social
La administración bonaerense sostiene que la quita de diversos fondos no automáticos y la falta de actualización de partidas por parte del Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, generaron un cuello de botella presupuestario. En este contexto, Kicillof decidió desviar los recursos remanentes para fortalecer la ración diaria en los establecimientos educativos, buscando compensar la pérdida del bolsón familiar con un aumento en la calidad nutricional de los almuerzos escolares.
Desde el entorno del gobernador señalaron que la provincia debió absorber gastos que antes eran compartidos o cubiertos por Nación. La suspensión de las cajas MESA se produce en un momento de alta sensibilidad social, donde los índices de pobreza e indigencia en el Gran Buenos Aires han mostrado una tendencia alcista en el primer tramo del año. La respuesta de los intendentes oficialistas no se hizo esperar: preparan una movilización hacia la sede del Ministerio de Capital Humano para exigir la restitución de programas alimentarios y la entrega de stock de mercadería retenida.
"La provincia no puede suplir cada retiro del Estado Nacional sin que eso afecte la estructura de otros programas", explicaron desde la cartera de Desarrollo de la Comunidad, que conduce Andrés Larroque. La estrategia ahora se centrará en sostener el SAE, que garantiza la alimentación de los niños durante la jornada escolar, aunque el retiro de la caja mensual representa un golpe directo a la economía de los hogares más vulnerables.
Reorientación de recursos hacia sectores críticos
A pesar del recorte en el programa escolar, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció una redistribución de partidas para atender a los sectores más castigados por la denominada "motosierra libertaria". El plan de contingencia contempla un refuerzo económico y alimentario para la población de jubilados y pensionados con haberes mínimos, así como para las personas con discapacidad, sectores que han perdido poder adquisitivo frente a la inflación y los cambios en las fórmulas de movilidad.
Esta reorientación busca contener la presión social en los barrios populares, donde la demanda en los centros comunitarios se ha duplicado en los últimos meses. El Ministerio de Desarrollo bonaerense busca implementar un sistema de tarjetas alimentarias o transferencias directas para estos grupos específicos, intentando mitigar el impacto de la suspensión del programa MESA.
La disputa entre La Plata y la Casa Rosada no es solo económica, sino profundamente política. Mientras Pettovello sostiene una política de auditoría y recorte de intermediarios, Kicillof se posiciona como el "escudo" frente a las políticas de ajuste, aunque la realidad presupuestaria comience a mostrar las grietas de esa resistencia.
Tensión con los municipios y el rol de Capital Humano
La reacción de los jefes comunales del conurbano será clave en los próximos días. El malestar por la falta de insumos alimentarios y la interrupción de obras públicas ha unificado el discurso de los intendentes de la Primera y Tercera sección electoral. Según trascendió, la marcha al ministerio de Pettovello no será solo un reclamo por las cajas escolares, sino un pedido urgente por la reactivación de convenios de asistencia que se encuentran paralizados desde el inicio de la gestión de La Libertad Avanza.
Por su parte, desde el Gobierno Nacional insisten en que la responsabilidad de la gestión escolar y alimentaria es estrictamente provincial. La falta de diálogo fluido entre ambas jurisdicciones ha dejado en el medio a los beneficiarios del programa, quienes a partir del próximo mes dejarán de recibir el refuerzo que servía para complementar la canasta básica familiar.
El escenario para el invierno se presenta complejo. Con una inflación que, si bien muestra signos de desaceleración, sigue impactando con fuerza en el precio de los alimentos, la eliminación de programas de asistencia directa como MESA pone a prueba la capacidad de contención de los movimientos sociales y de la estructura estatal bonaerense. La prioridad de Kicillof será, de ahora en más, garantizar que el comedor escolar funcione a máxima capacidad, incluso si eso implica sacrificar las prestaciones extraordinarias que se habían naturalizado durante la gestión anterior.
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