La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal definió que la validez del capítulo laboral del DNU 70/2023 se discuta en su jurisdicción, rechazando las pretensiones de la CGT de mantener el litigio bajo la órbita de los tribunales del Trabajo.
Un fallo clave que reordena el mapa judicial
El conflicto de competencia que mantenía en vilo al Gobierno nacional y a las centrales obreras tuvo una resolución determinante. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal decidió que todas las causas que cuestionen la constitucionalidad de la reforma laboral incluida en el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 deben tramitarse de manera unificada en dicho fuero. Esta decisión representa un revés estratégico para la Confederación General del Trabajo (CGT), que buscaba sostener la disputa en el fuero Laboral, históricamente más permeable a los reclamos de los sindicatos.
La resolución de los jueces responde a la necesidad de evitar sentencias contradictorias. Dado que el DNU de Javier Milei es una norma de carácter administrativo y alcance general, la Justicia entiende que es el fuero Contencioso el encargado de analizar la legalidad de los actos del Poder Ejecutivo. La central obrera, por el contrario, argumentaba que al verse afectados derechos fundamentales de los trabajadores, la competencia natural era la de la Justicia del Trabajo, donde ya habían obtenido medidas cautelares favorables.
El impacto de la unificación de causas y el rol de la CGT
La estrategia oficialista, encabezada por la Procuración del Tesoro de la Nación a cargo de Rodolfo Barra, siempre apuntó a la acumulación de expedientes en un proceso colectivo. El objetivo del Gobierno es que un solo juez analice la totalidad del decreto y no que se produzca un "goteo" de fallos parciales en distintas jurisdicciones. Con esta mudanza de fuero, las cautelares obtenidas previamente por la CGT entran en una zona de revisión técnica, aunque el fondo de la cuestión —la constitucionalidad del texto— sigue siendo el eje de la disputa.
Desde la calle Azopardo consideran que este movimiento es un intento de "licuar" la especificidad del derecho laboral. La cúpula de la CGT ya había manifestado su desconfianza hacia el fuero Contencioso Administrativo, al que consideran más cercano a los intereses del poder político de turno. Esta escalada judicial se da en un marco de alta tensión, donde las recusaciones contra magistrados y las denuncias cruzadas han sido la norma durante las últimas semanas, evidenciando que la reforma laboral es el corazón de la confrontación entre el modelo de desregulación y el sistema sindical tradicional.
Antecedentes de la disputa y el camino a la Corte Suprema
Para entender la relevancia de este fallo, es necesario recordar que la reforma laboral propuesta por el Ejecutivo introduce cambios profundos: la extensión del período de prueba de tres a ocho meses, la modificación de los regímenes de indemnización mediante fondos de cese y la limitación de la cuota solidaria sindical. Estos puntos fueron los que motivaron el amparo inicial de la CGT, que logró paralizar la aplicación del capítulo IV del decreto mediante una medida cautelar dictada por la Cámara del Trabajo a principios de año.
Sin embargo, el Gobierno apeló sistemáticamente cada fallo adverso, alegando que la Justicia del Trabajo carece de competencia para evaluar la validez de un decreto presidencial que abarca múltiples áreas de la administración pública. El antecedente inmediato a esta resolución fue la inhibitoria planteada por el Estado, exigiendo que el juez laboral se aparte del caso. Ahora, con la confirmación del fuero Contencioso, el proceso judicial entra en una etapa de mayor rigor formalista sobre los procedimientos administrativos del Estado nacional.
Consecuencias para el mercado laboral y la seguridad jurídica
La incertidumbre respecto a qué normas rigen actualmente en los contratos de trabajo es una de las mayores preocupaciones del sector empresario. Mientras la CGT celebra que las cautelares mantengan suspendida la reforma en la práctica, las empresas advierten sobre la falta de seguridad jurídica para contratar personal bajo el nuevo esquema. Este escenario de "empate técnico" judicial ralentiza el impacto económico que el Gobierno esperaba generar con la flexibilización de las normas de empleo.
Expertos constitucionalistas coinciden en que, independientemente de la resolución de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, el destino final de la reforma laboral será la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El máximo tribunal será el encargado de dictaminar si existían las condiciones de "necesidad y urgencia" para modificar leyes laborales por decreto, o si tales cambios debieron haber pasado obligatoriamente por el Congreso de la Nación. Por ahora, el triunfo logístico es del Ejecutivo, que logra sacar el debate del terreno donde los sindicatos se sienten más fuertes.
"La decisión de la Cámara pone orden a un proceso que estaba atomizado y que generaba una inseguridad jurídica insostenible para el funcionamiento del Estado", sostuvieron fuentes cercanas a la defensa gubernamental tras conocerse la resolución. Por su parte, la representación legal de los trabajadores evalúa los pasos a seguir, sin descartar nuevas presentaciones internacionales ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
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