El Gobierno de Santa Fe diseña un modelo de gestión público-privada para mantener los accesos a las terminales exportadoras, aunque enfrenta una fuerte resistencia de los intendentes del Cordón Industrial por el control de las tasas viales.
La administración de Maximiliano Pullaro busca dar un giro drástico en la gestión de la infraestructura vial de Santa Fe. Ante el recorte de fondos nacionales y el deterioro de las calzadas por el flujo incesante de la cosecha, el Ejecutivo provincial avanza en la creación de un fideicomiso mixto junto al sector agroexportador. El proyecto pretende centralizar la recaudación y ejecución de obras en los accesos a los puertos, eliminando peajes tradicionales y tasas municipales para reemplazarlos por un canon único. Sin embargo, la iniciativa disparó un conflicto político con los intendentes de la región, quienes se resisten a ceder el control de los recursos que abonan los transportistas.
Un modelo de gestión privada para la obra pública
El esquema que analiza el Ministerio de Economía y el de Desarrollo Productivo se aleja de la concesión tradicional. La apuesta es un fideicomiso administrado por un ente no estatal con gobernanza compartida entre la Provincia, las Bolsas de Comercio de Rosario y Santa Fe, terminales portuarias, cerealeras y transportistas. El objetivo es que lo recaudado por el tránsito de los dos millones de camiones que ingresan anualmente a la zona no se diluya en las arcas generales del Estado, sino que se reinvierta de forma directa en el pavimento.
Bajo la premisa "el que rompe paga", acuñada por el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, el nuevo sistema busca blindar los fondos. La intención es que el ingreso por tonelada transportada tenga una afectación específica. Esto permitiría no solo realizar tareas de mantenimiento preventivo para evitar que las rutas se destruyan en el corto plazo, sino también otorgar previsibilidad para acceder a los mercados de capitales. De esta forma, el sector privado podría financiar obras de gran envergadura, replicando experiencias previas como la inversión de aseguradoras y cerealeras en el tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe.
El conflicto por las tasas y la autonomía municipal
El principal escollo para la implementación inmediata de este plan es la tensión con los jefes municipales del Cordón Industrial. Desde Arroyo Seco hasta Timbúes, las localidades portuarias perciben actualmente una tasa asistencial por cada camión que ingresa a sus jurisdicciones. Estos fondos son vitales para los municipios, que alegan utilizarlos para paliar el impacto negativo del tránsito pesado: rotura de calles internas, operativos de seguridad vial, limpieza de residuos de cereal y tareas de desratización.
Los intendentes Carlos De Grandis (Puerto General San Martín) y Antonio Fiorenza (Timbúes) lideran el reclamo contra la Casa Gris. Los mandatarios locales defienden la legalidad de estos cobros, amparándose en la autonomía municipal y en una tradición de más de tres décadas. La sospecha del Ejecutivo provincial, por el contrario, es que estas tasas constituyen una "caja" de libre disponibilidad que no siempre se traduce en mejoras viales. La propuesta oficial ofrece una coparticipación de lo recaudado por el fideicomiso a cambio de que los municipios dejen de cobrar por fuera del sistema, una idea que, por ahora, no convence a los territorios.
La clave estratégica de la ruta A012
Para que el entramado logístico tenga sentido completo, la Provincia mantiene un reclamo firme ante el Gobierno Nacional: la cesión de la Ruta Nacional A012. Esta traza es el anillo estratégico que rodea el Gran Rosario y conecta con los principales puertos. Pullaro espera que Vialidad Nacional firme finalmente el convenio para traspasar la jurisdicción a Santa Fe, permitiendo integrar esta vía al esquema de mantenimiento del fideicomiso.
La urgencia radica en que, sin el control de la A012, el sistema quedaría fragmentado. Mientras la Nación mantiene una política de desinversión bajo la consigna de que no hay fondos para obra pública, Santa Fe busca demostrar que la colaboración con el "agropower" puede ser la salida para sostener la competitividad exportadora. El desafío no es solo técnico o financiero, sino eminentemente político: armonizar los intereses de las multinacionales exportadoras con las necesidades fiscales de los municipios que conviven con el gigante portuario.
Datos clave del impacto vial
Tránsito pesado: Se estima que unos 2.000.000 de camiones circulan anualmente por las rutas santafesinas hacia las terminales.
Origen del flujo: El transporte de granos proviene de 12 provincias argentinas, lo que genera un desgaste desproporcionado en la red vial provincial.
Proyectos en juego: La intervención alcanzaría puntos críticos como el Camino de la Cremería, los accesos a la autopista y las trazas que conectan con las terminales del norte y sur de Rosario.
"La plata no entra al Estado sino a la ruta", sostienen desde el entorno del gobernador. La frase resume el espíritu de una reforma que pretende profesionalizar la logística santafesina, pero que primero deberá sortear una dura batalla legal y política con los caudillos locales del sur provincial.
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