La dieta de los senadores nacionales tendrá un nuevo incremento que llevará sus haberes brutos por encima de los 11 millones de pesos. La actualización es producto del acuerdo paritario sellado esta semana entre las autoridades del Congreso y los gremios legislativos, el cual contempla un aumento escalonado del 12,5% acumulado para el periodo comprendido entre diciembre de 2025 y mayo de 2026.
Este ajuste es automático debido a que los ingresos de los integrantes de la Cámara Alta se encuentran "enganchados" a la paritaria del personal legislativo. A diferencia de la Cámara de Diputados, donde las dietas se definen de manera independiente, el mecanismo del Senado garantiza que cada mejora acordada por los sindicatos APL, ATE y UPCN impacte directamente en los sueldos de los legisladores.
El impacto del aumento y la reacción política
El esquema de aumentos, que se aplica de manera progresiva mes a mes, ha vuelto a encender la polémica en un contexto de alta sensibilidad social. Mientras que el oficialismo y diversos sectores aliados han expresado reparos ante esta suba, el mecanismo automático vuelve a poner en el centro del debate la transparencia y el costo del Poder Legislativo.
Ante la oficialización del nuevo valor, distintos bloques comenzaron a fijar su posición. Mientras que legisladores de La Libertad Avanza confirmaron que no aceptarán el incremento, otros espacios, como la UCR y representantes santiagueños, también se sumaron a la postura de renunciar a la suba de su dieta, buscando desmarcarse de la actualización salarial.
Diferencias marcadas entre cámaras
La situación expone una brecha creciente en los ingresos dentro del propio Congreso de la Nación. Mientras la Cámara Alta alcanza estos niveles salariales, en Diputados el escenario es distinto. Allí, las dietas no están atadas a la paritaria del personal y permanecen significativamente más bajas, situándose actualmente cerca de los 6 millones de pesos brutos, incluyendo adicionales por gastos de representación.
Este desfasaje entre ambas cámaras refuerza los reclamos por una unificación de criterios en la administración de los recursos legislativos. Por su parte, la vicepresidenta Victoria Villarruel se distanció de la decisión sobre cuánto cobran los senadores, señalando que la estructura de ingresos responde a acuerdos paritarios preexistentes y no a una determinación directa de su gestión.
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