El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv) emitió un contundente documento contra el Gobierno nacional, cuestionando la reactivación de la Red Federal de Concesiones (RFC) con cobro de peaje. La entidad calificó al esquema como "ineficiente, regresivo y carente de sustento técnico", asegurando que vulnera derechos económicos de los ciudadanos.
La crítica central es que el plan de licitaciones repite un "modelo fracasado" de la década de 1990. El organismo apunta que la medida es, en esencia, inconstitucional y una "doble imposición" con carácter confiscatorio para los usuarios.
La Acusación de "Doble Imposición" y Desvío de Fondos
El argumento más fuerte del Conaduv se centra en la "doble imposición" que significa pagar peajes cuando los usuarios ya abonan el Impuesto a los Combustibles. Según la ley, esos fondos deberían destinarse de forma exclusiva al mantenimiento y la mejora de la infraestructura vial.
El organismo denunció que anualmente se recaudan más de U$S 3.000 millones mediante dicho impuesto. Sin embargo, "esos fondos se desvían hacia otros fines presupuestarios", lo que configura una "malversación de su objeto específico".
Falso Peaje: Sin Inversión y con Tarifas Triplicadas
La entidad detalló que la medida no solo es injusta, sino ineficaz. Los pliegos licitatorios de las nuevas concesiones no exigen inversiones ni la ampliación de la capacidad de la red vial, contemplando únicamente tareas de mantenimiento de rutina.
A pesar de esta ausencia de inversión privada real, el plan del Gobierno prevé la instalación de nuevas estaciones de peaje, con una frecuencia de una cada 97 km, y una triplicación de las tarifas. Para el Conaduv, esto solo elevará los costos de logística y transporte, generando un efecto inflacionario que impactará en toda la población.
Contradicciones: Dinero Público y la "Patria Contratista"
El documento del Conaduv también apuntó contra las contradicciones entre el discurso oficial y la implementación práctica del plan. El Gobierno había anunciado que las concesiones se financiarían con capital privado, pero los proyectos finalmente prevén el uso de fondos públicos a través del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).
Además, la entidad advirtió que la mayoría de las empresas que se postulan para las nuevas licitaciones son los mismos "grupos económicos vinculados históricamente a causas de corrupción" y la "patria contratista". Como alternativa, Conaduv propuso que la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) reasuma la administración pública de las rutas para garantizar transparencia y un uso efectivo del Impuesto a los Combustibles.
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