La intención del Gobierno de impulsar una nueva y más ambiciosa reforma laboral generó una fuerte reacción en el ámbito jurídico. Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas (Alal), alertó que la ofensiva oficial pretende instalar la idea de que los problemas de empleo provienen de la protección legal y una supuesta "industria del juicio".
Cremonte sentenció que la insistencia en modificar la legislación de manera regresiva "no responde a una necesidad del país, sino a los intereses del poder económico". Para el abogado, la normativa laboral es "totalmente intrascendente" para el crecimiento; lo que define el empleo y la economía es la política macroeconómica del gobierno de turno.
La Falacia de la Modernización y la Desprotección
El titular de Alal sostuvo que la reforma es una "obsesión de los empresarios" que el Gobierno toma como prioridad, a pesar de que los verdaderos problemas del sector productivo son la depresión del mercado interno o el costo financiero. Afirmó que lo que se propone es una "reformulación de la legislación de manera regresiva".
El objetivo de fondo, según Cremonte, es "facilitar el despido, reducir algunos costos, favorecer el empleo temporario". Lo que el oficialismo llama "modernización laboral" es, en realidad, todo lo contrario, y la experiencia reciente lo demuestra: la reforma de la Ley Bases generó más empleo no registrado y precarizado, con una economía estancada.
El nuevo proyecto, que se discutiría en sesiones extraordinarias tras el 10 de diciembre, sería "muy ambicioso". Busca reinstalar la negociación colectiva por empresa, reducir indemnizaciones, flexibilizar la jornada mediante bancos de horas y hasta excluir a los repartidores de plataformas (Rappi, Glovo) de la Ley de Contrato de Trabajo, considerándolos autónomos.
La "Industria del Juicio" No Existe
Cremonte desmintió de plano los argumentos que responsabilizan a los trabajadores y a la Justicia Laboral por los problemas del mercado. Afirmó que se busca "pavimentar el camino" de la reforma instalando que la rigidez del sistema es la causa de la crisis.
"La industria del juicio no existe y además es falso estadísticamente", aseguró. Si bien la ilegalidad del mercado laboral ronda el 40%, con millones de personas que podrían litigar, la tasa de litigiosidad real es menor al 1%. "Si hay reclamos, es porque hay derechos vulnerados. Lo que crece, en todo caso, es el incumplimiento", subrayó.
El abogado recordó el sentido fundacional del Derecho del Trabajo: la intervención del Estado para proteger a la parte más débil de una relación "tan desigual" como la que existe entre el empleador y el empleado. "Si el Estado no interviene, lo que hace es favorecer a la parte más poderosa", concluyó.
Dependerá de la Resistencia Social
Consultado sobre las chances de que esta reforma prospere en el Congreso, Cremonte señaló que el resultado dependerá no solo de las alianzas políticas, sino "fundamentalmente, de la resistencia que pueda haber de los propios interesados".
Destacó que la sociedad tiene una "tendencia sana y democrática a movilizarse" cuando se debaten leyes que impactan en la vida de las personas. Consideró que el movimiento obrero está "llamado a expresar ese rechazo, con la unidad y la contundencia que pueda alcanzar".
Finalmente, el presidente de Alal sugirió que una reforma laboral sí es necesaria, pero no para reducir derechos, sino para mejorarlos. Propuso modernizar la ley para acortar la jornada, garantizar salarios dignos y avanzar en temas como la seguridad e higiene o el control de la tercerización.
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