Una diputada de la oposición en El Salvador, Claudia Ortiz, presentó este viernes una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema contra la reelección presidencial indefinida, aprobada por el Congreso para permitir la continuidad del presidente Nayib Bukele.
La Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, aprobó el 31 de julio una reforma constitucional que habilita la reelección indefinida y extiende el mandato de cinco a seis años.
"Venimos a presentar una demanda de inconstitucionalidad de las reformas que se hicieron la semana pasada a la Constitución de la República", declaró a los medios Claudia Ortiz, del partido Vamos. La diputada sostuvo que "habilitar la reelección indefinida de la presidencia de la República violenta uno de los principios más importantes de la Constitución, que es que tiene que haber alternancia en el ejercicio del poder".
El Congreso, de 60 miembros y con solo tres opositores, también sincronizó las elecciones presidenciales, legislativas y municipales y eliminó la segunda vuelta electoral. El recurso de Ortiz, presentado ante la Sala de lo Constitucional de la Corte, busca impugnar "específicamente" la reelección indefinida. La Sala deberá evaluar la demanda para decidir si cumple los requisitos para ser admitida a debate.
Diversas organizaciones de derechos humanos han denunciado que la reelección indefinida representa un "golpe" y "tiro de gracia" a la democracia en el país, afirmaciones que el presidente Bukele ha rechazado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también advirtió que la medida "representa un serio retroceso para la democracia y el Estado de derecho" en El Salvador. La CIDH instó a reconsiderar la reforma que permite "la permanencia prolongada de la misma persona en el poder Ejecutivo".
Nayib Bukele, en el poder desde 2019, goza de una alta popularidad debido a su "guerra" contra las pandillas, que ha reducido drásticamente la violencia en el país. Sin embargo, su política de seguridad se basa en un régimen de excepción que ha sido criticado por grupos de derechos humanos. Su reelección en 2024 también fue cuestionada, ya que, aunque la Constitución lo prohibía, fue permitida por un fallo judicial.
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