El gobierno de Javier Milei intensifica la presión para lograr la sanción de la llamada "Ley de Modernización Laboral" antes de que concluya el período de sesiones extraordinarias el 30 de diciembre. Este ritmo exprés, impulsado desde la Casa Rosada, ya encontró una fuerte respuesta en la nueva cúpula de la CGT, que prepara una doble estrategia: una movilización masiva y una inminente disputa judicial.
La Ley, que toca puntos clave como salarios, indemnizaciones y horarios, es considerada una prioridad innegociable para el Presidente, que busca concretar una reforma que ya tuvo dos intentos fallidos con la Ley Bases y el DNU 70/23. La meta es clara: tener dictamen en el Senado a más tardar el próximo viernes.
⏳ La estrategia del oficialismo para una sanción “express”
El proyecto de reforma laboral fue ingresado por la Cámara Alta, donde La Libertad Avanza (LLA) se siente más confiada para obtener la media sanción con el apoyo de legisladores aliados, especialmente del PRO. La senadora Patricia Bullrich, de hecho, tendrá un rol clave en la coordinación de la estrategia libertaria en el Senado para asegurar la celeridad.
La vicepresidenta Victoria Villarruel convocó a una reunión de Labor Parlamentaria para este martes, con el objetivo de conformar rápidamente las comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Presupuesto y Hacienda. Los tiempos son ajustados, y el Gobierno busca limitar el debate a pesar de que hay un centenar de pedidos para exponer sobre el proyecto.
El Gobierno intenta evitar nuevos traspiés judiciales como los que frenaron el DNU. Por ello, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, recibió órdenes precisas de no dejar flancos débiles para una nueva cautelar. No obstante, las disputas internas en LLA llevaron a que se excluyera del proyecto la eliminación de la cuota solidaria, un aporte que va a las cajas de los gremios.
⚖️ El frente judicial y las alertas de la oposición y la Justicia
Pese a los esfuerzos de Sturzenegger por blindar la norma, la avanzada legal ya comenzó. El diputado Esteban Paulón presentó una denuncia ante la Justicia Federal, argumentando que el proyecto de "modernización laboral" incluye aspectos tributarios que no deberían tratarse en el Senado.
A esto se sumó un duro comunicado de la Asociación de Magistrados, que encendió las alarmas sobre los cambios propuestos al fuero laboral. El texto de los jueces advierte que los artículos 90 y 91, y otros vinculados, "resulta inadmisible la redacción [...] que impliquen atentar contra la vida del fuero nacional citado" y afectarían la independencia judicial.
La oposición, que incluye al peronismo, al kirchnerismo y a la CGT, trabaja en una estrategia conjunta dentro y fuera del Congreso. Esperarán a tener el texto definitivo para impugnar legalmente aquellos artículos que consideren que violan la Constitución Nacional, tal como se anticipó.
✊ La CGT responde con movilización y amenaza de paro
En simultáneo a la presión legislativa, la CGT anunció una movilización a Plaza de Mayo y al Congreso para el próximo jueves 18, a la que también se sumarán las dos CTA y partidos de izquierda. Esta protesta, impulsada por uno de los jefes de la central obrera, Jorge Sola (Sindicato del Seguro), busca contener a los sectores más duros que presionan por convocar un paro general.
La ausencia del dirigente de la UOCRA, Gerardo Martínez, en la última reunión del Consejo de Mayo fue interpretada como una señal clara del estado de ánimo "cegetista" frente al proyecto. El Gobierno, por su parte, busca abrir un diálogo con los organizadores de la marcha para evitar choques con las fuerzas de seguridad.
Si bien el oficialismo buscará la sanción a fin de año, o a lo sumo durante una extensión de las extraordinarias, la certeza es que el futuro de la reforma laboral quedará definido por la combinación de "votos o de fallos judiciales", marcando el inicio de un nuevo capítulo de confrontación en las relaciones laborales argentinas.
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