Rosario ha dado un paso trascendental en la lucha contra el crimen organizado con la aprobación de un equipo de investigación especializado. Esta iniciativa, respaldada por la Justicia Federal, busca desmantelar organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, lavado de activos y negocios ilícitos.
La decisión se oficializó tras una audiencia en la que el Ministerio de Seguridad de la Nación y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) solicitaron la implementación de la ley antimafia en los barrios rosarinos. El juez federal Eduardo Rodrigues Da Cruz avaló la medida, lo que implica que todos los involucrados en un delito encuadrado bajo esta normativa, desde el primer eslabón hasta los "profesionales de guante blanco" que intervienen en la logística y el lavado de activos, recibirán la misma condena máxima.
Según fuentes del gobierno nacional, este avance "reafirma el compromiso institucional en el abordaje coordinado de la problemática y cumpliendo con el compromiso del presidente Javier Milei, de la ministra Bullrich y de todo el gobierno nacional de ir a fondo contra las organizaciones criminales que le hicieron tanto daño a Rosario".
Foco en Barrios "Calientes" y Coordinación Estratégica
El magistrado Rodrigues Da Cruz destacó la gravedad de los hechos delictivos atribuidos a organizaciones criminales con presencia territorial en los barrios de Rosario, lo que justifica la aplicación de esta ley. El pedido fue formulado por funcionarios del Ministerio de Seguridad y del Ministerio Público Fiscal (MPF), con participación de la Procunar y la presencia de miembros de las fuerzas federales.
Las operaciones de este nuevo equipo comenzarán en el barrio 7 de Septiembre, una zona donde cobraron fuerza integrantes de la banda de Los Menores, sospechada de estar vinculada al crimen de Andrés "Pillín" Bracamonte.
Gracias a este aval judicial, la investigación penal se articulará con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) a través de un Equipo Conjunto de Investigación (ECI). Esto permitirá una acción coordinada entre los distintos organismos intervinientes, respetando las competencias establecidas por la legislación y preservando las investigaciones en curso de ambos ministerios. Este acuerdo marca un salto cualitativo, transformando una declaración de intenciones en un respaldo institucional firme.
La resolución habilita el uso de herramientas de investigación especiales dentro de perímetros geográficos definidos en barrios "calientes", con el objetivo de fortalecer las capacidades del Estado para investigar, desarticular y desmembrar organizaciones criminales complejas mediante una intervención judicial excepcional, focalizada y provista de recursos ampliados en los planos procesal, logístico y operativo.
Combatiendo la Estructura Criminal Compleja
Autoridades del Ministerio de Seguridad subrayaron la importancia de esta nueva herramienta. "Buscamos ir al fondo de las organizaciones criminales y no quedarnos con el que vende dos gramos de cocaína, o con un tiratiros. Se trata de contar con herramientas para detectar la complejidad de una asociación en la que pueden participar profesionales que lavan activos, organizan roles y arman estrategias", señaló un referente local. La aplicación de esta ley implica que "si antes quedaban algunos años inhabilitados y en prisión domiciliaria ahora les cae todo el peso de la ley con la misma condena que al resto". Se busca transformar condenas leves en penas de hasta 30 años de cárcel.
Desde la cartera de Seguridad, se analiza el impacto de la ley antimafia en la provisión de recursos para investigaciones complejas, acceso a datos tecnológicos, protección de testigos y la participación de agentes en el territorio para agilizar las investigaciones. "Falta un montón, sin desmerecer para nada lo que se ha hecho en conjunto con la provincia hasta el momento y supone continuar con una acción coordinada entre los ministerios fiscales y las fuerzas que participan en las pesquisas", agregó un funcionario cercano a la ministra Bullrich.
La audiencia contó con la participación de Federico Angelini, subsecretario de Intervención Federal, y Germán Pugnaloni, director nacional de Prevención del Delito, en representación del Ministerio de Seguridad. Por el MPF estuvieron presentes Javier Arzubi Calvo, fiscal coordinador de la Unidad Fiscal Rosario; Diego Iglesias, fiscal a cargo de la Procunar; Matías Scilabra, fiscal a cargo de la Procunar región Noroeste Argentino, y Juan Argibay Molina, fiscal a cargo de la oficina de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
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