Cristina Kirchner Pide Cumplir Condena Domiciliaria Sin Tobillera Electrónica Tras Fallo de la Corte Suprema

La expresidenta Cristina Kirchner busca cumplir su condena a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos en su departamento, donde reside con su hija Florencia, con su custodia habitual y sin la necesidad de utilizar tobillera electrónica. Este pedido surge inmediatamente después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el aval de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, confirmara el fallo en su contra por fraude en la contratación de obra pública en Santa Cruz. La decisión del máximo tribunal generó una inmediata manifestación de repudio en la Plaza 25 de Mayo de Rosario por parte de militantes peronistas.

Los abogados de la actual presidenta del Partido Justicialista, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, presentaron un escrito de 13 carillas ante el Tribunal Oral Federal 2 solicitando que se disponga el arresto domiciliario de forma directa, evitando así el paso de Cristina Kirchner por una alcaidía. Por su parte, el juez de ese Tribunal, Jorge Gorini, otorgó un plazo de cinco días hábiles para que todos los condenados se presenten en Comodoro Py para su detención, y requirió al Ministerio de Seguridad la búsqueda de lugares adecuados para su alojamiento.

En contraste, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron la "inmediata detención" de la exvicepresidenta, argumentando que el plazo otorgado es excesivo, considerando la cercanía de un fin de semana y un feriado nacional.

La defensa de Cristina Kirchner fundamenta el pedido de prisión domiciliaria en la edad de la expresidenta, 72 años, así como en los riesgos para su seguridad, aludiendo al atentado que sufrió en septiembre de 2022 y su condición de exmandataria. Sus abogados sostienen que "el cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede ser llevado a cabo bajo la modalidad de detención domiciliaria" y que enviarla a una cárcel común "de manera alguna es compatible con los recaudos de seguridad que deben serle garantizados a una persona que se encuentra en la situación de nuestra asistida". Agregan que un eventual traslado a una cárcel común implicaría un "régimen de aislamiento absoluto y de vigilancia permanente, medidas que resultan incompatibles con los estándares constitucionales y convencionales que rigen en materia de ejecución penal". En cuanto a la tobillera electrónica, se considera "completamente innecesario" su uso debido a la custodia permanente las 24 horas, a pesar de que este dispositivo está previsto en la Ley de Ejecución Penal.

Paralelamente, el abogado de Cristina Kirchner, Gregorio Dalbón, ha llevado el caso a la escena internacional. Desde Países Bajos, Dalbón denunció ante la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional de La Haya la “persecución política, mediática y judicial” que, según él, sufre la expresidenta. En un texto de 21 páginas, amplió una presentación anterior que denunciaba delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado argentino en el marco de las protestas de jubilados, para incluir la "continua y creciente persecución política, judicial y mediática contra Cristina Fernández de Kirchner".

Dalbón argumenta que la Justicia argentina aceleró el proceso de revisión de la condena tras conocerse la intención de Cristina Kirchner de participar en los próximos comicios en la Provincia de Buenos Aires, considerando esta "escalada [como] parte de un patrón más amplio de acciones coordinadas estatales y paraestatales destinadas a su neutralización política". La denuncia ante la Corte Penal Internacional es el primer paso para intentar anular el fallo en organismos internacionales.

La defensa también tiene un plazo de seis meses para presentar un reclamo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En su denuncia, Dalbón ha señalado la "manipulación de nombramientos judiciales y asignación de causas, falta de imparcialidad de jueces y fiscales vinculados a adversarios políticos, veredictos en fechas electorales, y la eventual “inhabilitación de facto” para ejercer cargos públicos a través de mecanismos judiciales". Cristina Kirchner solicitó a la Corte Penal Internacional la apertura de una investigación preliminar formal sobre presuntos crímenes de lesa humanidad y una especial atención a su situación. Si la CIDH acepta el caso, estudiará la supuesta violación de derechos humanos, aunque no tiene la potestad de anular el fallo, sí puede emitir sus propias conclusiones y recomendar una revisión. Si la Corte Suprema desoye esa recomendación o no responde en 90 días, la CIDH podría remitir las acusaciones a la Corte Interamericana.