El debate sobre la regulación de las redes sociales en Brasil se intensifica, especialmente después del bloqueo legislativo al proyecto de ley de "noticias falsas". El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva está elaborando una nueva normativa que, según se reporta, permitiría el bloqueo de plataformas sin necesidad de una orden judicial, si estas no denuncian delitos en el entorno virtual.
La semana pasada se reanudó en el Supremo Tribunal Federal (STF) el juicio sobre la constitucionalidad del artículo 19 del Marco Brasileño de Derechos Civiles en Internet (ley de 2014), que aborda la responsabilidad de las plataformas digitales por contenidos ilegales. Tres jueces ya se han pronunciado a favor de endurecer las obligaciones de las plataformas, mientras que uno votó por mantener el modelo actual. La expectativa es que el STF pueda revocar la legislación vigente, haciendo a las plataformas responsables de los contenidos y obligándolas a retirarlos incluso sin orden judicial.
Críticos como el periodista Mario Sabino advierten que esto podría llevar a la "externalización de la censura" y a una censura preventiva. En contraste, una encuesta de enero de Nexus Pesquisa e Inteligência de Dados mostró que el 78% de los brasileños está a favor de responsabilizar a las redes sociales. Asimismo, un manifiesto público reciente, "Internet sin regulación mata", firmado por intelectuales y exministros, demandó la regulación de las plataformas.
Las "Big Tech", por su parte, solicitan mayores garantías para evitar la inseguridad jurídica. Google, por ejemplo, ha expresado que la abolición de las normas que separan la responsabilidad de las plataformas de la de los usuarios no pondrá fin a la circulación de contenidos indeseados.
En un giro diplomático, el presidente Lula confirmó haber solicitado consejo a su homólogo chino, Xi Jinping, sobre la regulación digital. Se espera que un delegado chino visite Brasil para intercambiar experiencias en esta materia. Esta iniciativa ha generado controversia, con críticos como William Waack señalando la peculiaridad de que una democracia solicite asesoría a un régimen dictatorial en un tema tan sensible.
Mientras tanto, la polémica en torno a la libertad de expresión en Brasil se aviva con casos recientes, como la condena a una periodista por un artículo sobre el salario de una jueza, y la condena a ocho años de cárcel del cómico Léo Lins por chistes sobre minorías. Estos eventos, sumados al debate sobre la regulación de las redes sociales, ponen de manifiesto la tensión entre la necesidad de combatir la desinformación y el riesgo de censura.
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