En una sentencia que sella su futuro, Nelson "Pandu" Aguirre firmó este miércoles un juicio abreviado que lo condena a 30 años de prisión, en calidad de jefe de una célula de la banda vinculada al Viejo Cantero. Este acuerdo unifica la pena por su participación en balaceras ocurridas en escuelas y estaciones de servicio, junto con la condena derivada del homicidio de Javier Barquilla, cometido en Villa Banana.
Hace años, el socio del Viejo Cantero fue señalado por su rol en el asesinato del albañil Javier Barquilla, ocurrido el 2 de febrero de 2015, en el contexto de las disputas relacionadas con el narcotráfico. Tras su detención en abril de ese año, Pandu Aguirre fue recluido en la cárcel de Coronda, donde convivió con otros integrantes de la organización delictiva.
La investigación, liderada por el fiscal Franco Carbone, reveló que Aguirre mantenía comunicación constante con figuras como el Viejo Cantero y Rosa Bibiana Montero, dueños de un territorio controlado en barrios del sudoeste rosarino. Desde la cárcel, mediante un teléfono celular, Pandu dirigía operaciones que incluían la planificación de ataques con armas de fuego y la gestión de actividades ilícitas, entre ellas el cobro por permisos para el comercio de droga y otras actividades.
El acuerdo también abarcó la responsabilidad penal del implicado en cuatro balaceras mafiosas: dos atentados en estaciones de servicio y dos ataques en escuelas que funcionaban como locales de votación durante las elecciones nacionales de medio término. Estos hechos, perpetrados en noviembre de 2021, generaron un clima de intimidación pública y buscaban desestabilizar el ambiente electoral.
Además, el juicio dejó en evidencia la estructura interna de la asociación ilícita, en la que Pandu Aguirre cumplía roles esenciales como la asignación de tareas, la gestión de armas y vehículos, y el control de la recaudación. Su cómplice, Gastón Figueredo, también aceptó su responsabilidad en la asociación, aunque con una condena menor.
Esta sentencia representa un duro golpe para las redes criminales que operaban en el sudoeste rosarino y se suma a una serie de condenas que buscan desmantelar estructuras de poder delictivo en la región.
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