El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha puesto su mirada en la antigua "Ley de Enemigos Extranjeros", una normativa establecida en 1798 durante una época de guerra en el siglo XVIII, lo que le confiere 227 años de antigüedad. Esta ley, de carácter polémico, faculta a los jefes de Estado para detener y expulsar a ciudadanos extranjeros provenientes de países que se encuentren en conflicto con la nación. Aunque aún no ha habido una declaración formal al respecto, Trump ha mencionado la posibilidad de utilizarla en entrevistas y discursos, en el marco de lo que se ha denominado un plan de deportación masiva.
Históricamente, la ley fue aplicada en momentos críticos: James Madison la utilizó durante la Guerra de 1812, Woodrow Wilson en la Primera Guerra Mundial y Franklin Roosevelt en la Segunda Guerra Mundial, cuando sirvió para internar a 31.000 extranjeros de origen japonés, alemán e italiano, considerados potencialmente peligrosos por las autoridades. En caso de ser reactivada, esta medida eliminaría el proceso legal y las instancias de apelación que actualmente tienen los inmigrantes, reduciendo considerablemente los tiempos y autorizando deportaciones de gran envergadura.
Según datos del Instituto de Política Migratoria, con sede en Washington, se estima que hay alrededor de 11 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, donde solo México representa más de la mitad de este contingente, mientras que Centroamérica suma aproximadamente el 15%. Sin embargo, existen desafíos jurídicos importantes para la aplicación de la ley, ya que actualmente Estados Unidos no se encuentra en guerra con ningún país. Además, la administración tendría que demostrar que la inmigración equivale a una "invasión" extranjera hostil, ya que la norma establece que debe existir una "invasión o incursión depredadora" llevada a cabo por una "nación o gobierno extranjero" para que la medida pueda ser invocada.
Otro aspecto a considerar es que residir en territorio estadounidense sin la documentación adecuada no constituye un delito penal, sino una infracción a la ley civil administrativa del gobierno federal. Cabe recordar que, durante su primer mandato, Trump recurrió a otra normativa antigua: el Título 42, una ley de salud pública utilizada en plena pandemia del Covid-19, que permitió el cierre de fronteras y la deportación de inmigrantes que ingresaban ilegalmente. Esta posible reactivación de la ley histórica se perfila, por tanto, como otro ejemplo en la búsqueda de políticas migratorias más restrictivas y rápidas, manteniéndose en el centro del debate sobre la seguridad fronteriza y la soberanía nacional.
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