En el marco de una profunda reestructuración del Estado, el Gobierno de Argentina ha tomado la decisión de disolver, mediante el Decreto 70/2025, la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda. Esta acción se enmarca en la convicción de que la "política de vivienda debe ser gestionada principalmente por las provincias, los municipios y el sector privado, reduciendo así la intervención del Estado Nacional en esta materia".
La disolución se produce en un contexto en el que la mayoría de las funciones de la ex Secretaría se desarrollaban a través de tres fondos fiduciarios, los cuales han evidenciado un uso inadecuado de los recursos, carencia de controles y resultados insatisfactorios. Con esta medida, se reafirma la idea de que las regiones y las administraciones locales sean las encargadas de impulsar y gestionar proyectos habitacionales, obras que anteriormente se ejecutaban de forma irregular por el Estado Nacional.
Previamente, el Gobierno había iniciado el proceso de liquidación de estos fondos: el Decreto 1018/2024 puso en marcha la disolución del Fondo Fiduciario Público del Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (PROCREAR), cuyo manejo se vio afectado por demoras en la entrega de viviendas y problemas de habitabilidad, según detectó la auditoría de SIGEN. Asimismo, el Decreto 6/2025 cerró el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, instrumento criticado por su uso con fines políticos y clientelistas, y que había presentado múltiples irregularidades e incumplimientos.
Paralelamente, el Gobierno continúa trabajando en la disolución del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU). La normativa publicada en el Boletín Oficial también establece la transferencia de competencias de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana, actualmente a cargo de Sebastián Pareja, y de la Dirección Nacional de rquitectura, hacia la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía. Este proceso de cierre se llevará a cabo de manera ordenada y progresiva, garantizando la transición de responsabilidades a través de una Unidad Ejecutora Especial Temporaria (UEET).
En palabras de la Casa Rosada, "El Gobierno Nacional está cambiando el modelo de la corrupción de sueños compartidos por el modelo del crédito privado y la libertad", subrayando así la intención de transformar el enfoque estatal hacia un modelo más descentralizado y orientado al sector privado. Esta reestructuración promete una nueva era en la política de vivienda, en la que las administraciones locales y los actores privados jueguen un rol preponderante en el desarrollo de proyectos habitacionales y la gestión del hábitat.
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