La emergencia incendiaria se extiende sin tregua en varias provincias argentinas, configurando un escenario de acusaciones virulentas, tragedias humanas y polémicas por la asignación de recursos en plena crisis. Mientras la Patagonia, Corrientes y otras regiones sufren los devastadores efectos de los incendios, distintos actores oficiales y sociales se pronuncian con tonos que oscilan entre la condena y la exigencia de soluciones inmediatas.
En declaraciones difundidas a través de redes sociales, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, culpó a “terroristas disfrazados de mapuches” de provocar los incendios que arrasan en la Patagonia. Según sus palabras, estos presuntos responsables habrían “prendido fuego nuestra Patagonia para extorsionar al Gobierno y reclamar privilegios.
Van a pagar tras las rejas”, anuncio que se vio acompañado del envío de un proyecto de ley al Congreso para agravar las penas de quienes inicien focos ígneos de forma intencional, eliminando la posibilidad de excarcelación. La polémica se intensifica al conocerse la detención de seis brigadistas voluntarios, quienes fueron acusados sin pruebas contundentes y liberados por el juez de Garantías, mientras el Gobierno insiste en la teoría de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) como represalia por decisiones en la cesión de tierras ancestrales.
La crudeza de la situación se plasma también en Corrientes, donde la tragedia golpeó de manera irreparable a la comunidad educativa. La docente rural Cindia Alejandra Mendoza, de 30 años, falleció mientras se esforzaba por combatir un incendio que amenazaba la propiedad de su padre, capataz de la estancia San Rafael, en la Escuela Rural N° 919 del paraje Alem Cué. Según explicó la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera):
“Sin dudarlo, se dirigió al lugar en su motocicleta y se unió a los esfuerzos para controlar el fuego. Lamentablemente, un cambio repentino en la dirección del viento provocó que quedara atrapada por las llamas. A pesar de ser trasladada de urgencia al Hospital Las Mercedes, no logró sobrevivir a las heridas”.
El comunicado lamenta que este trágico suceso evidencie los riesgos a los que se enfrentan las/os trabajadoras/os rurales y reitera la necesidad urgente de que el Estado disponga de los recursos necesarios para extinguir los incendios y brindar asistencia a las familias afectadas.
En el ámbito de la seguridad y la defensa, la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, y el ministro de Defensa, Luis Petri, han enfatizado la imperiosa necesidad de endurecer la respuesta legal contra los incendios intencionales. Durante una conferencia de prensa en El Bolsón, ambos funcionarios declararon que es preciso “elevar las penas para terminar con los incendios intencionales”.
Bullrich destacó que el presidente Javier Milei ya solicitó la creación de una Agencia Federal de Emergencias mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia, cuyo objetivo es concentrar y optimizar el uso de los fondos y recursos dispersos en distintos ministerios para actuar con mayor eficacia. Petri agregó que se enviará un proyecto que elimine la posibilidad de libertad anticipada para quienes inicien incendios, calificando a estos actos como ejecutados por “inadaptados” que deben ser tildados de terroristas. En palabras de los ministros, “tenemos tres principios: cuidar la libertad, la vida y la propiedad de los argentinos”, reafirmando así la intención de utilizar “toda la fuerza de la ley contra aquellos que incendian”.
Mientras tanto, la gestión de la crisis ambiental se ve ensombrecida por controversias internas en la administración pública. En La Patagonia, la Subsecretaría de Ambiente, bajo la dirección de Ana María Vidal de Lamas, ha sido duramente criticada por asignar recursos públicos a proyectos considerados ajenos a la emergencia.
Con más de 20 mil hectáreas consumidas por el fuego, se ha denunciado que se destinaron fondos a la adquisición de insumos para el mantenimiento de sistemas de aire acondicionado en sus oficinas, evidenciado en la compra de un kit de herramientas para refrigeración, y a la contratación de servicios semestrales para la limpieza y desinfección de tanques de agua en la sede ubicada en la calle San Martín 451 de Buenos Aires. Además, se contrató un servicio de desinfección, desratización y desinsectación para sus dependencias, en contraste con la inacción en la ejecución de los más de 33 mil millones de pesos asignados al Sistema Nacional de Manejo del Fuego, cuyos recursos apenas han sido utilizados. Esta desconexión entre las prioridades de la gestión ambiental y la urgencia de combatir los incendios ha levantado serios cuestionamientos sobre la eficiencia y el compromiso de los funcionarios responsables.
En medio de este escenario, datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) de Brasil revelan una alarmante cifra de 3.067 focos de incendios detectados hasta el 9 de febrero de 2025, siendo Santa Fe la provincia con el mayor número de focos, seguida por Corrientes, Formosa, Chaco, Río Negro y Neuquén. Estas cifras subrayan la magnitud de la crisis y la urgencia de adoptar medidas integrales y coordinadas que vayan más allá de declaraciones y proyectos legislativos.
La amalgama de acusaciones, tragedias y cuestionamientos sobre el uso de fondos públicos configura un panorama complejo que exige respuestas inmediatas y efectivas. Mientras las autoridades debaten y emprenden acciones para endurecer las penas y reorganizar la respuesta ante la emergencia, los incendios continúan devastando ecosistemas, amenazando la biodiversidad y dejando a su paso un rastro de dolor y controversia en el tejido social y ambiental del país.
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