En una conferencia de prensa en Casa Rosada, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció una serie de medidas revolucionarias para mejorar la movilidad en el país. Entre los principales anuncios se destacan la implementación de “peajes sin barreras” en todas las rutas nacionales y profundos cambios en la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), acompañados de modificaciones en la importación de vehículos y en los registros de conducir, dirigidas a optimizar el sistema de transporte en Argentina.
El gobierno apuesta por transformar el sistema tradicional de cabinas en los peajes, sustituyéndolo por un modelo digital que agilice el pago y elimine la necesidad de barreras físicas en las rutas nacionales. Como parte de esta modernización, se ha habilitado el concepto de vehículo autónomo. “Esto significa, en palabras simples, que se va a poder utilizar este tipo de vehículos, incluso, en transportes comerciales prescindiendo de esta manera de, por ejemplo, chofer de camión”, declaró Adorni, marcando un hito en el impulso hacia una movilidad más eficiente y tecnológica.
En cuanto a la RTO, el gobierno estableció nuevas normativas en las que la primera revisión se realizará a los 5 años de patentamiento y nuevamente a los 10, pasando a ser luego una revisión bianual. Para los vehículos destinados al uso comercial, se exigirá la revisión técnica una vez vencido el segundo año. Al no ser competencia exclusiva de la administración nacional, cada provincia deberá adherirse a esta medida. Por ejemplo, en Santa Fe, los vehículos sin uso tras tres años están obligados a realizar la RTO; entre 3 y 7 años, la revisión técnica será obligatoria cada 2 años, y con más de 7 años, se requerirá una revisión anual. Además, se impulsará la descentralización de las verificaciones técnicas, permitiendo que tanto concesionarias oficiales como talleres particulares habilitados emitan el certificado correspondiente, en lugar de depender exclusivamente de organismos estatales.
Por otra parte, el vocero presidencial anunció que el gobierno “facilitará la importación de vehículos en serie”. Tras la eliminación de la Licencia de Configuración de Modelo (LCM) y de la Licencia de Configuración Ambiental (LSA) para vehículos que cuenten con certificados reconocidos internacionalmente, se implementará que “va a liberar la importación de autopartes”. Esta medida busca contrarrestar lo que se ha popularizado como “el famoso ‘lo arreglamos cómo podemos o tratamos de que siga o lo atamos con alambre’”, reduciendo significativamente los costos asociados a la reparación y mantención de vehículos.
Otro cambio importante es la modificación de la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LINTI), conocida como “Registro Moyano”. Con esta medida, cada provincia pasará a otorgar las licencias nacionales profesionales de categorías C, D y E, permitiendo que los conductores puedan desplazarse entre jurisdicciones de manera más fluida. Asimismo, los cursos de capacitación para obtener dichas licencias podrán ser ofrecidos tanto por entidades públicas como privadas, siempre y cuando estén habilitadas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Se confirmó también que el cambio de domicilio en el Documento Nacional de Identidad (DNI) no afectará la validez de la Licencia de conducir, la cual se mantendrá vigente hasta su vencimiento.
En materia de infraestructura vial, el gobierno nacional anunció la participación de capitales privados en la empresa estatal Corredores Viales, encargada de administrar 6.000 kilómetros de rutas en todo el país. La medida se justifica ante la situación crítica en la que se encuentra el 45% de la traza operada, con contratos de obra paralizados y un atraso tarifario equivalente al 45% de la tarifa técnica. Con este modelo, el sector privado asumirá el desarrollo de obras de infraestructura, ejecutando las gestiones necesarias a su propia cuenta y riesgo a cambio del derecho a cobrar peajes a los usuarios.
Actualmente, Corredores Viales S.A. se encarga de 10 tramos de autovías distribuidos en provincias como Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Chaco, Buenos Aires, Corrientes, Misiones, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, además del Acceso Riccheri a la Ciudad de Buenos Aires. En Santa Fe, las vías afectadas por esta iniciativa incluyen la autopista hacia Córdoba y Buenos Aires, la avenida Circunvalación y las rutas 7, 8, 19 y 34.
Durante la conferencia, Manuel Adorni enfatizó: “Se terminó la patria contratista donde subían los peajes y las rutas se caían a pedazos”. Con estas palabras, el vocero subrayó que la nueva modalidad promoverá el desarrollo de obras de infraestructura mediante la inversión privada, con la Agencia de Transformación de Empresas Públicas—dependiente del Ministerio de Economía—encargada de coordinar y ejecutar las acciones necesarias.
Finalmente, Vialidad Nacional tiene convocada para finales de febrero una audiencia pública para la licitación de la denominada “ruta del Mercosur”, que comprende unos 670 kilómetros de extensión, anteriormente operados durante 30 años por la empresa privada Crusa. Con este anuncio se dio inicio al proceso de adjudicación de un total de 8.470 kilómetros de rutas gestionadas por Corredores Viales, que incluye también nuevas concesiones como la RN 33 en Santa Fe, la RN 18 en Entre Ríos y la variante de la RN 19 en Córdoba, distribuidos en once tramos.
Esta serie de medidas, optimizadas para SEO y orientadas a mejorar la movilidad, infraestructura vial y eficiencia en el transporte, evidencian el compromiso del gobierno con la modernización del sistema de transporte nacional y la promoción de la inversión privada en obras públicas.
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