Crisis en Sancor: Apertura del Concurso Preventivo de Acreedores en Plena Recuperación

La histórica Sancor Cooperativas Unidas Limitada inicia un nuevo capítulo en su complejo proceso de recuperación al enfrentarse a una profunda crisis económica. La semana pasada, el juez Guillermo Adrián Vales, del Juzgado Civil y Comercial de la 4ta. Nominación de Rafaela, dictaminó la apertura del concurso preventivo de acreedores, en un esfuerzo por reestructurar las obligaciones millonarias que amenazan la continuidad de la empresa.

El procedimiento judicial se activa en medio de una situación en la que la deuda acumulada con el fisco y el ámbito laboral ascendería a US$ 400 millones. Este escenario se suma a una serie de desafíos que ha atravesado la cooperativa en los últimos años, en los que parte de sus negocios fue cedido a otras compañías, y su producción se redujo de manera drástica. La crisis se agudizó tras el conflicto con el sindicato de lecheros Atilra, que derivó en el envío de más de 300 telegramas de despido a empleados, hecho que se oficializó el 3 de febrero con la presentación del concurso preventivo.

En la resolución judicial se estableció que el proceso se clasifica como Gran Concurso-Categoría A y se designó una Sindicatura Plural para supervisar el desarrollo de las operaciones. Además, se fijó el 29 de mayo de 2025 como fecha límite para la presentación de pedidos de verificación de créditos y el 1 de julio de 2025 para que los interesados presenten impugnaciones. El juez también ordenó la suspensión de juicios previos y la interrupción de servicios relacionados con deudas contraídas antes del 3 de febrero, buscando generar un ambiente de estabilidad para la reestructuración.

Con la formación de un Comité Provisorio de Acreedores, se pretende garantizar que la empresa continúe operando y mantenga su inscripción en el Registro de Importadores y Exportadores. Este esfuerzo se enmarca dentro de una estrategia para evitar la quiebra definitiva de la cooperativa, que ha visto mermar su capacidad productiva y la estabilidad de su plantilla a lo largo de años de dificultades.

En un apartado titulado "Palabras dirigidas a la población", el juez Vales enfatizó:
"Se comprobó objetivamente que la Cooperativa no puede hacer frente a las obligaciones que pueden ser exigidas por sus acreedores. Durante este proceso, se intentará encontrar soluciones junto con los acreedores para evitar la quiebra y esto es así, debido a que el principal objetivo del juicio es proteger el interés de los acreedores y mantener el funcionamiento de la empresa, lo que ayudará a conservar las fuentes de trabajo."

Continuó agregando:
"Tengo presente la importancia que tiene para la sociedad la actividad que desarrolla la Cooperativa, elaborando productos alimenticios desde la materia prima hasta el producto que llega al consumidor final, lo que me hace ver que este proceso por el que atraviesa SanCor podría tener un alto impacto en la vida de la comunidad en su conjunto."

Finalmente, subrayó:
"El objetivo a cumplir será intentar lograr un acuerdo que satisfaga las deudas y de este modo, permitir que la empresa se recomponga de esta crisis, continuando con su reconocida y querida actividad tanto en esta región, en todo el país y también, como no, en el exterior."

Fundada en 1938 en la localidad santafesina de Sunchales, Sancor llegó a ser la empresa líder en su rubro, aunque desde 2016 inició un proceso de reestructuración que implicó desprenderse del 73% de su planta. Este proceso redujo significativamente su plantilla, pasando de 5,100 trabajadores a 1,350, sin contar los recientes 300 telegramas de despido.

Entre 2016 y la actualidad, la cooperativa ha realizado importantes operaciones de desinversión. Se desprendió de su línea de productos frescos —que incluía yogures, flanes y postres—, transfiriendo la planta de Coronel Moldes en Córdoba a una cooperativa local, mientras que la instalación de Centeno en Santa Fe pasó a manos de la empresa La Tarantela. Asimismo, vendió su sede en General Charlone (provincia de Buenos Aires) a una compañía láctea regional. En 2018, Sancor se deshizo de los establecimientos industriales en Morteros y Chivilcoy (ambos en la provincia de Buenos Aires) por 45 millones de dólares, y previamente, la empresa danesa Arla Foods adquirió el 50% de la sociedad que mantenía en la planta industrial porteña, donde se elaboraba proteína de suero de queso, mediante una inversión de 33 millones de dólares.

La complejidad de la situación reside en la necesidad de encontrar un socio estratégico que asuma la elevada deuda de US$ 400 millones y aporte capital fresco para revitalizar los tambos, que, debido a complejos sistemas de pago, se han visto obligados a vender su producción a otras empresas lácteas. Esta coyuntura, enmarcada en un proceso judicial riguroso, representa un desafío mayúsculo para una de las empresas más emblemáticas del sector, y su resolución tendrá un impacto significativo en la economía regional, nacional e incluso internacional.