Industriales santafesinos advierten que la apertura de Milei pone en jaque al tejido productivo

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La Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) expresó una vez más su preocupación ante el Congreso de la Nación por el avance de las medidas desregulatorias impulsadas por el Gobierno nacional. Desde la entidad señalan que la profundización de la apertura comercial sin un plan integral que iguale las condiciones de competencia con el exterior “puede generar un daño irreparable sobre el tejido industrial argentino”.

Durante una exposición ante la Comisión Pyme de la Cámara de Diputados, el Tesorero de Fisfe, Mariano Ferrazzini, abordó los desafíos que enfrenta el entramado productivo ante una apertura económica sin planificación. En ese marco, remarcó que si bien respaldan el equilibrio fiscal y externo como base de la estabilidad macroeconómica, “alcanzarlo a costa de las capacidades productivas implica costos demasiado elevados”.

En paralelo a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para conseguir divisas que otorguen estabilidad cambiaria de cara a las elecciones, el Gobierno nacional continúa aplicando rebajas arancelarias en bienes finales, insumos y maquinaria. A los anuncios realizados a fines de 2024, el ministro de Economía, Luis Caputo, sumó recientemente una baja significativa que afecta directamente al sector textil.

Caputo anunció que el Ejecutivo reducirá los derechos de importación de la ropa del 35% al 20%; los de telas, del 26% al 18%, y los de distintos hilados bajarán del 18% a un rango de entre 12% y 16%, según el tipo de producto. Esta medida se suma a una batería de quita de aranceles en sectores como neumáticos, motos, bicicletas, electrodomésticos, plásticos, maquinarias, matrices, entre otros.

En este contexto, Ferrazzini advirtió sobre el notable crecimiento de las importaciones, que en febrero crecieron un 55,4% interanual en cantidades, principalmente por bienes de consumo y de capital, pese a que la actividad económica aún no ha retomado los niveles anteriores. “Estamos viendo cómo ingresa un volumen de productos que no guarda relación con la reactivación interna”, expresó.

El dirigente industrial también destacó el contraste entre la política local y el contexto global: “Mientras el mundo desarrollado redefine sus estrategias apostando al cuidado del empleo y a políticas de reindustrialización, Argentina se encamina hacia una apertura desregulada y anacrónica”. A modo de ejemplo, mencionó que Estados Unidos ha decidido incrementar aranceles de forma generalizada, y que esa misma tendencia se observa en Europa y Asia, donde se apunta a proteger el empleo y fortalecer sectores estratégicos.

Ferrazzini hizo hincapié en tres factores estructurales que condicionan la competitividad sistémica del país:

  • Presión impositiva: Argentina lidera el ranking regional en carga tributaria. Al ajustar por informalidad, la presión real sobre el sector formal alcanza el 52%, dentro de un sistema complejo y regresivo que castiga a las cadenas de valor industriales.

  • Costos laborales no salariales: Aunque la industria formal paga un 30% más que el promedio, enfrenta costos crecientes derivados de la litigiosidad y la incertidumbre jurídica. En Santa Fe, los juicios laborales subieron un 29% interanual, a pesar de que mejoraron los índices de siniestralidad.

  • Acceso al crédito: El financiamiento bancario representa apenas el 6% del PBI, frente a un promedio regional del 60%, lo que limita la inversión y la expansión de la capacidad productiva.

Frente a las críticas que recibió el sector desde el propio oficialismo, incluso del presidente Javier Milei, Ferrazzini respondió: “No pedimos ventajas ni proteccionismo a ultranza, simplemente las mismas condiciones que tienen nuestros competidores en el mundo”.

Finalmente, se refirió a la situación en Santa Fe, donde el 50% de los sectores industriales aún no han recuperado los niveles de producción previos a enero de 2024. La caída del consumo de energía industrial en un -8,7% y la pérdida de más de 11.000 empleos formales en un año reflejan la profundidad de la crisis. “Sin un plan que acompañe la apertura con condiciones reales de competencia, se ponen en riesgo empleos de calidad y capacidades productivas estratégicas para el desarrollo del país”, concluyó.


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