El Gobierno se encuentra en negociaciones con las empresas de medicina prepaga para evitar que las cuotas aumenten por encima de la inflación. A partir de febrero, los aumentos rondarán el 3,2%, y las autoridades ya se han reunido con representantes de OSDE y OMINT, mientras esperan la participación de otras compañías en los próximos días. Los encuentros están liderados por la Superintendencia de Servicios de Salud, dependiente del Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones.
Desde la Casa Rosada señalan que las prepagas han visto un aumento en sus ingresos tras la eliminación de la triangulación con las obras sociales, y esperan que este beneficio se refleje en una disminución en las cuotas para los usuarios. “Queremos que el sector se ajuste a la normalización económica que estamos atravesando,” afirman desde el Ejecutivo.
El Gobierno busca alcanzar un acuerdo que contemple una reestructuración del sistema, incluyendo cambios en las regulaciones y la reorganización de los valores de pago. La Ley 26.682 establece el marco regulatorio para las prepagas, que fue modificada por el decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023.
A pesar de las tensiones previas con el sector, por la imputación a varias empresas por presunta cartelización, el Ejecutivo descarta presentar una demanda judicial y sostiene que “las empresas pueden fijar libremente el valor de sus cuotas”. Sin embargo, se busca reorganizar el sistema para que los aumentos no superen la inflación mensual, que en diciembre fue del 2,7%.
El Gobierno también está intentando acercar posiciones con otras empresas como Galeno, Hospital Británico, Hospital Alemán, Medifé, Swiss Medical, y la Unión Argentina de Salud (UAS). “Queremos que se llegue a un acuerdo integral de forma progresiva para que se reestructure el sistema,” añaden en la administración nacional.
Por otro lado, el Ejecutivo ha mantenido tensiones con el sector debido a las acusaciones de cartelización a un grupo de empresas de medicina prepaga, a la UAS y al empresario Claudio Belocopitt, realizadas por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), en el ámbito del Ministerio de Economía.
El Gobierno busca que los aumentos en las cuotas estén alineados con la baja de la inflación, siguiendo la política que también aplicará en otros sectores, como el de las tarifas de electricidad. A través de esta política, el Ejecutivo frenó un aumento de hasta el 12% en las tarifas de luz anunciado por el Ente Regulador de la Electricidad (ENRE).
La mesa política del oficialismo ha decidido realizar los aumentos de manera progresiva durante 2025, buscando evitar incrementos abruptos. “La idea es que no haya aumentos fuertes. Lo del ENRE fue un error. La línea es amesetar las correcciones,” expresan desde Balcarce 50. El jefe de gabinete, Guillermo Francos, recibió a los representantes de la Secretaría de Energía tras revocar la medida.
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