El blanqueo laboral impulsado por el Gobierno argentino busca formalizar a los trabajadores no registrados en el país, pero más de un millón de empleadas domésticas quedarán excluidas de este proceso. A pesar de que se estima que cerca de 1,7 millones de personas trabajan en tareas domésticas, solo 500.000 están formalmente registradas, dejando a una gran parte de este sector, predominantemente femenino, sin acceso a la regularización.
Carlos Brassesco, apoderado de la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP), criticó la decisión del Gobierno, afirmando que “el decreto incorpora una exclusión que no figura en la ley, dejando fuera de la posibilidad de regularización laboral al sector más afectado por la informalidad”. Según datos oficiales, más del 70% de los trabajadores domésticos están en situación de informalidad, y el 97% de este grupo son mujeres.
El Decreto 847/2024, que permite la regularización de relaciones laborales no registradas hasta el 31 de julio de 2024, no contempla al sector doméstico en su esquema de blanqueo. Aunque la Ley 26.844 de 2013 buscaba proteger los derechos de estas trabajadoras, la exclusión actual deja sin cobertura a millones de personas.
El Gobierno había derogado, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el artículo 50 de la Ley de Empleo Doméstico, que establece una indemnización agravada por falta de registración. Sin embargo, un fallo judicial anuló esta derogación, creando incertidumbre en el sector.
El esquema de regularización laboral incluye condonación de infracciones y deudas para empleadores que formalicen a sus trabajadores, pero las empleadas domésticas no podrán acceder a estos beneficios. Además, el reconocimiento de hasta 60 meses de aportes para quienes logren ser regularizados no impactará significativamente en sus futuras jubilaciones.
Sonia Kopprio, secretaria general del Sindicato de Empleadas en Casas de Familia de Río Negro y Neuquén, advirtió que “esta exclusión profundiza la precarización laboral de un sector que ya enfrenta múltiples dificultades”. En diálogo con el portal Río Negro, Kopprio insistió en que es “inconcebible que un decreto que busca la regularización deje fuera a un sector donde más del 70% de las trabajadoras están en negro”.
Negociaciones salariales en un contexto de crisis
En paralelo a la exclusión del blanqueo, las trabajadoras domésticas están en plena negociación paritaria, buscando una recomposición salarial ante la creciente inflación. Sonia Kopprio anticipó que solicitarán un aumento del 12% para el próximo bimestre, lo que llevaría el salario de la quinta categoría, mensual y sin retiro, a $400.232 brutos. La negociación, originalmente prevista para el 18 de septiembre, se concretó el martes 24, pero la oferta inicial de solo un 3% fue rechazada por las representantes de las trabajadoras.
Además, a partir de octubre, las trabajadoras de casas particulares con hijos de entre 15 y 17 años podrán acceder a la Tarjeta Alimentar, un programa de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) destinado a combatir la indigencia infantil, que recientemente extendió su cobertura para adolescentes.
