En un amplio operativo, agentes de la División Lavado de Activos de la Policía Federal Argentina (PFA) llevaron a cabo allanamientos en simultáneo en Rosario, Buenos Aires, La Plata, Quilmes, Berazategui y Hudson, en torno a una cervecería acusada de fraude y evasión fiscal. La operación se realizó bajo la supervisión del Ministerio de Seguridad de la Nación, tras una denuncia presentada por la AFIP-DGI.
La investigación comenzó al detectar irregularidades en una empresa dedicada a la distribución de bebidas alcohólicas que, con el objetivo de eludir sus obligaciones tributarias, transfirió activos a otras firmas del mismo grupo económico. Este movimiento buscaba declararse insolvente y evadir el pago de deudas fiscales relacionadas con el IVA, el impuesto a las ganancias y los bienes personales, durante el periodo de 2018 a 2023.
La Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal Nº1, encabezada por la Dra. María Luján Rotetta, se hizo cargo del caso y delegó la investigación a la División Lavado de Activos. Con las pruebas recabadas, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº1 de La Plata, dirigido por el Dr. Alejo Ramos Padilla, autorizó la realización de nueve allanamientos.
Los operativos resultaron en la imputación de una mujer y su hijo, además del secuestro de documentación que corroboró la actividad exclusiva de la cervecería en la distribución de bebidas alcohólicas. Se descubrió que ocultaba vínculos comerciales con tres empresas del mismo grupo, que habrían facilitado maniobras ilícitas.
Las autoridades también accedieron a información de cuentas bancarias utilizadas para pagos a proveedores y otros movimientos financieros, incautando un software de gestión administrativa, 40 dispositivos electrónicos, y una suma significativa: 26,600 dólares y más de 25 millones de pesos. Se recuperó también documentación contable relevante para el caso.
El operativo contó con la participación del Departamento Técnico del Cibercrimen de la PFA, la Dirección Regional La Plata de la AFIP-DGI, y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Los imputados, junto con los elementos decomisados, quedaron a disposición del juez a cargo, en el marco de la Ley 27.430 que regula el Régimen Penal Tributario.
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