La Cámara de la Propiedad Horizontal de la Provincia de Santa Fe respondió este lunes a un reciente informe de la Oficina Municipal del Consumidor, que reveló la recepción de 539 denuncias y quejas contra administradores de consorcios en un período de diez meses, desde el 10 de diciembre de 2023 hasta el 10 de octubre de 2024.
Las quejas más frecuentes se relacionan con la falta de transparencia en las liquidaciones. “Todo esto se soluciona con un colegio profesional de administradores de consorcios que regule y jerarquice la actividad,” afirmó Guillermo Saporito, presidente de la Cámara. Saporito también destacó que la creación de un colegio profesional es “una deuda pendiente con la ciudadanía.”
En ciudades como Rosario, donde dos de cada tres habitantes residen en propiedades horizontales, se estima que se han realizado cerca de cinco millones de liquidaciones en los últimos diez meses. Aunque el número de reclamos, 539, puede parecer bajo en comparación con ese volumen, la Cámara argumenta que “un colegio profesional permitirá ‘bajar el martillo’ para sacar de la cancha a quienes no llevan adelante esta profesión con idoneidad y honestidad.”
Estos datos fueron presentados en una reunión en el Concejo Municipal. Al ser consultado sobre la falta de invitación a la Cámara para participar en la presentación y colaborar con la Oficina Municipal del Consumidor en la mejora de la actividad, Saporito expresó: “Hay una agenda que es de algunos políticos, que persiguen más intereses proselitistas que verdaderamente el bienestar de la ciudadanía y, en este caso, de los consorcistas.” Además, enfatizó que su prioridad es “jerarquizar nuestra profesión” y se ofreció a colaborar con cualquier organismo que busque este objetivo.
Saporito también subrayó la importancia de que “la liquidación de expensas sea clara,” especificando que deben estar categorizadas en función de su naturaleza: extraordinarias (decididas en asamblea y a cargo del propietario), ordinarias habituales (a cargo del inquilino) y ordinarias no habituales (a cargo del propietario).
En este contexto, la Cámara firmó hace dos años un convenio con la Municipalidad de Rosario y el Colegio de Corredores Inmobiliarios para definir qué gastos corresponden a cada categoría. Sin embargo, Saporito advirtió que estas medidas “quedan cortas” sin un colegio profesional que regule adecuadamente la actividad.
Como respuesta a esta necesidad, a mediados de año, la diputada Varinia Drisun presentó un proyecto de colegiación en la Cámara de Diputados de Santa Fe, que incluye un tribunal de ética y sanciones para quienes no ejerzan la profesión de manera adecuada. Ahora, solo falta que los legisladores se hagan eco de esta iniciativa y la discutan.
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