El sistema de salud en Argentina se encuentra al borde de una polarización, con diferencias marcadas en la atención entre quienes acceden a clínicas privadas y aquellos que dependen de hospitales públicos. En la actualidad, el 36% de la población, unos 16 millones de personas, utiliza exclusivamente el sistema público, mientras que las obras sociales y prepagas atienden al 61% y 13,6% respectivamente, con un 10,4% de superposición de coberturas. Sin embargo, la crisis se profundiza conforme más personas migran al sistema público, incapaces de afrontar los exorbitantes aumentos en las cuotas de las prepagas, que crecieron un 115,7% en solo cuatro meses.
El PAMI, que consume el 1,1% del Producto Bruto Interno, enfrenta un ajuste severo, lo que genera una fractura cada vez más evidente dentro del sistema de salud. La eliminación de la gratuidad en numerosos medicamentos esenciales afecta a millones de jubilados, en especial a aquellos que perciben la jubilación mínima. Desde el mes pasado, el plan Vivir Mejor ha recortado la cobertura gratuita de aproximadamente 1000 medicamentos, entre ellos, fármacos vitales como antidepresivos, antiepilépticos y analgésicos para el dolor crónico.
El sistema de salud argentino se sostiene sobre tres pilares: el sector público, el privado y el sindical. Con un total de 3174 hospitales, clínicas y sanatorios en todo el país, el 55% de estos centros son privados, pero muchos están al borde del colapso. De los 25.264 prestadores privados registrados, 1670 se encuentran en riesgo de cierre, lo que contribuye a un sistema cada vez más concentrado y desigual. Mientras que el 61% de la población está afiliada a alguna obra social, las disparidades entre ellas son notorias: algunas como OSDE concentran el 50% de los afiliados, mientras que otras apenas superan los 500 miembros.
Además, las políticas de libre elección de obra social y la derivación de aportes al sector privado han amplificado estas diferencias, creando un sistema híbrido que, lejos de garantizar una atención equitativa, profundiza las desigualdades. Entre las provincias con mayor y menor cobertura privada hay una diferencia abismal: en algunas regiones, la cobertura es hasta 21,2 veces mayor que en otras, lo que evidencia la disparidad en el acceso a la salud.
Mario Russo, ministro de Salud de la Nación, admitió que "hay una emergencia sanitaria declarada desde hace más de 20 años", y que la situación actual refleja los mismos problemas que se veían en los años 80 y 90. Los especialistas coinciden en la necesidad de crear una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias que regule de manera más eficiente las coberturas, junto con una revisión urgente del Programa Médico Obligatorio, que establece la canasta mínima de prestaciones que las obras sociales deben asegurar.
A pesar de las promesas gubernamentales de replantear las competencias entre la Nación y las provincias, y de reorganizar la distribución de los centros de atención según su complejidad, la realidad es que el sistema sanitario sigue siendo ineficiente y desigual. Guillermo Grieve, ministro de Salud de Entre Ríos, reclamó una mayor definición en los programas federales de salud, afirmando que las provincias están reestructurando sus sistemas, pero sin el apoyo adecuado del Gobierno nacional.
Mientras tanto, el sindicalismo también ha alzado su voz, denunciando los "salarios muy malos" de los profesionales de los sanatorios más grandes y la "falta de criterio" del Estado en la formación de los recursos humanos en el sector salud. La Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados (Adecra) criticó las asimetrías en el sistema, señalando que mientras las prepagas incrementaron las cuotas un 115,7% entre diciembre y marzo, los prestadores solo recibieron un aumento del 92,5%.
En resumen, la situación del sistema de salud en Argentina continúa siendo crítica, con un futuro incierto para millones de personas que dependen de un sistema que cada vez les ofrece menos. Héctor Daer, secretario general de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad (Fatsa), ya adelantó que será necesaria una discusión política profunda sobre el financiamiento del PAMI y el destino de la salud pública en el país.
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