El gobierno argentino, liderado por Javier Milei, había reclamado a Paraguay el pago de una deuda de 30 millones de dólares en concepto de tarifas por el uso de la Hidrovía Paraguay-Paraná. No obstante, la resistencia inicial de Paraguay a aceptar esta cifra generó tensiones entre ambas naciones.
Finalmente, se alcanzó un acuerdo que descomprime el conflicto: el nuevo convenio establece una considerable reducción de la deuda, además de fijar tarifas específicas para el uso de la Hidrovía en distintos periodos. Para el tramo comprendido entre el 15 de febrero de 2023 y el 31 de agosto de 2024, la tarifa será de 0,80 dólares por tonelada de carga. A partir del 1 de septiembre y hasta el 28 de febrero de 2025, el costo de la tasa retributiva se elevará a 1,20 dólares por tonelada.
El acuerdo también contempla descuentos para los pagos realizados dentro de los 45 días posteriores a la emisión de la factura, incentivando el cumplimiento de los plazos establecidos. Además, aquellas empresas que ya hayan abonado la tarifa completa vigente desde 2023 se beneficiarán con un crédito a su favor.
Este convenio fue el resultado de un trabajo coordinado entre diversos organismos del gobierno argentino, incluyendo la Cancillería, la Jefatura de Gabinete, la Administración General de Puertos (AGP) y el Ministerio de Economía. La firma contó con la participación de la AGP como concesionaria del tramo argentino de la Hidrovía, la Cámara de Armadores Fluviales y Marítimos (CAFYM), en representación de los armadores paraguayos, y la Comisión Permanente de Transporte de la Cuenca del Plata (CPTCP), que agrupa a operadores privados de los cinco países que forman parte de la Cuenca del Plata.
Uno de los factores que facilitó el acuerdo fue la buena relación entre las administraciones de Javier Milei y su par paraguayo, Santiago Peña. Este entendimiento entre ambos gobiernos permitió destrabar un conflicto que amenazaba con prolongarse.
El gobierno argentino tiene previsto acelerar los plazos para lanzar la licitación de la concesión de la Hidrovía antes de que finalice 2025, con el objetivo de otorgar el control de esta estratégica vía fluvial por los próximos 25 años. Este es un tema en el que también se encuentra profundamente involucrado el expresidente Mauricio Macri.
Cabe recordar que la concesión previa, que estaba en manos del consorcio conformado por la empresa belga Jan De Nul y la argentina Emepa, llegó a su fin, y desde entonces, la AGP ha estado gestionando la Hidrovía durante los últimos tres años.
En marzo de 2024, el gobierno argentino firmó un acuerdo de cooperación con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. Este convenio incluye el intercambio de información y la capacitación para la gestión de la Hidrovía, que es uno de los cursos de agua más importantes del mundo. La preocupación de Washington por el flujo de drogas en la región también fue uno de los puntos clave en estas negociaciones.
Desde la administración estadounidense, ya durante el mandato de Alberto Fernández, se manifestó inquietud ante la posibilidad de que un consorcio chino asumiera el control de la Hidrovía, debido a su importancia estratégica. Esta preocupación fue trasladada a empresarios y sindicalistas durante las visitas de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), donde Argentina sigue siendo uno de los principales deudores.
Además de las relaciones con Estados Unidos, el gobierno de Milei ha buscado fortalecer la cooperación con otros países. Benvenuto, uno de los principales funcionarios del gobierno, firmó un acuerdo con la administración de Nayib Bukele en El Salvador para el intercambio de información sobre la gestión público-privada de los puertos.
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