El Gobierno argentino ha presentado una propuesta para reformar el impuesto a las Ganancias, con la intención de retomar un esquema similar al que regía antes de las modificaciones implementadas en 2023. Esta iniciativa afectaría a aproximadamente 1,5 millones de trabajadores y traería consigo cambios significativos en los parámetros del impuesto.
Una de las principales modificaciones propuestas es el cambio de nombre del tributo, que pasaría a denominarse "Impuesto a los Ingresos Personales". Además, se ajustarían los mínimos no imponibles y las escalas de alícuotas, con el objetivo de restablecer un equilibrio dentro del sistema impositivo.
Según la propuesta del Ejecutivo, los trabajadores que alcancen un salario bruto de $1.250.000 comenzarían a tributar el impuesto, lo que equivale a un ingreso neto de $1.053.291 para aquellos sin deducciones por familia. Para aquellos que apliquen deducciones por dos hijos menores de 18 años y cónyuge, el piso de ingreso mensual sería de $1.590.062 brutos, lo que equivale a un salario mensual neto de $1.393.353.
El proyecto también contempla la posibilidad de deducir los gastos relacionados con la carga familiar, así como ajustes trimestrales en los mínimos no imponibles y las escalas de alícuotas en función de la evolución de la inflación.
Estas medidas buscan revertir los cambios implementados en 2023, que habían excluido a una parte significativa de trabajadores del impuesto a las Ganancias. Se estima que aproximadamente 1,5 millones de trabajadores volverán a estar alcanzados por este tributo, lo que representa a los asalariados de mayores ingresos del país.
El proyecto también incluye modificaciones que podrían generar polémicas, como la eliminación de exenciones y deducciones actuales, como los ingresos por aguinaldo, horas extra y bonos por viáticos, entre otros.
En resumen, esta propuesta del Gobierno busca restaurar el esquema original del impuesto a las Ganancias sobre los trabajadores en relación de dependencia, con un enfoque en la progresividad y la equidad en la carga tributaria. Sin embargo, su implementación y repercusiones aún están sujetas a debate en el Congreso y entre diversos sectores sociales y laborales del país.
