La jueza Loretta Preska rechazó el último recurso presentado por el Gobierno argentino para extender el plazo de presentación de garantías en el caso YPF, poniendo al país en una situación delicada ante la posibilidad de embargos.
La solicitud, presentada a través del estudio Sullivan & Cromwell LLP, buscaba aplazar el pago de una sentencia judicial de 16.000 millones de dólares relacionada con la nacionalización de la empresa.
La magistrada expresó comprensión por las dificultades económicas que enfrenta Argentina pero recomendó al país preparar una estrategia para resolver el caso de la expropiación de YPF en 2012. Esto da vía libre a Burford Capital, que adquirió los derechos para perseguir el reclamo, para solicitar embargos a partir del 11 de enero.
En respuesta a la negativa, el abogado de Burford, Randy Mastro, afirmó que Argentina no tiene intenciones de cumplir con la sentencia, solicitando que no se le otorgue al país más tiempo. Ahora, el Gobierno tiene hasta el 22 de febrero para presentar argumentos ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que ya inició el proceso de apelación para revertir la sentencia que eximió a YPF de responsabilidades.
Burford Capital, un fondo de cobertura, adquirió los derechos de litigio de las empresas del Grupo Petersen, que poseían el 25% de YPF. La estatización de las acciones de YPF por parte del Estado argentino interrumpió el pago de créditos adquiridos por los Eskenazi, llevando a la quiebra de las empresas. La demanda argumenta violación del Estatuto de YPF y perjuicio por la suspensión de dividendos acordados entre Repsol y el Grupo Petersen.
