El Concejo Municipal de Rosario intensificó su rechazo a la reforma del régimen de Zona Fría, instando a los senadores nacionales por Santa Fe a votar en contra de la iniciativa que dejaría sin subsidios a casi 390.000 hogares rosarinos en pleno invierno.El bloque de concejales de Unidos, la fuerza política que integra el oficialismo provincial, protagonizó este lunes una conferencia de prensa con el objetivo de elevar la presión política sobre los representantes santafesinos en la Cámara alta del Congreso. El foco principal del reclamo recayó sobre Carolina Losada y Eduardo Galaretto, senadores que pertenecen al mismo espacio político, a quienes se les exigió que frenen el avance del proyecto impulsado por el Gobierno nacional de Javier Milei.
La iniciativa, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados obtenida el pasado 20 de mayo, propone una reconfiguración drástica del esquema de beneficios tarifarios vigente desde 2021 bajo la Ley 27.637. De ser aprobada en el Senado, la medida dejaría a ocho departamentos del sur de Santa Fe fuera del beneficio, un territorio que alberga a unos 550.000 hogares y a cerca de 1,76 millones de personas.
El impacto en el bolsillo y la economía local
La quita del subsidio, que actualmente permite descuentos de entre el 30% y el 50% en las facturas de gas, representa para los ediles rosarinos "un golpe directo a la economía familiar".
La presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck, fue tajante al respecto durante el encuentro con la prensa: "No es un privilegio calentar una casa", sostuvo, remarcando la desprotección en la que quedarían miles de familias con la llegada de las temperaturas más bajas del año. Los concejales advirtieron que la reducción del poder adquisitivo de los ciudadanos tendrá una consecuencia inmediata en el consumo y la actividad comercial en toda la región.
Qué propone la reforma y quiénes quedarían afuera
El proyecto del Poder Ejecutivo busca concentrar los subsidios exclusivamente en las zonas de frío extremo, como la Patagonia, el departamento mendocino de Malargüe y diversos sectores de la Puna.
El esquema actual, que abarca a departamentos como Rosario, San Lorenzo, Constitución, Caseros, General López, Iriondo, San Martín y Belgrano, se vería desmantelado si el Senado valida el texto proveniente de la Cámara baja.
Una ofensiva social contra el proyecto
La presión legislativa sobre Losada y Galaretto no es un hecho aislado. Se suma a una campaña de recolección de firmas impulsada por la Red Nacional de Multisectoriales, que incluye a entidades de consumidores, organizaciones sociales y espacios de adultos mayores.
El descontento es tal que, además de las peticiones digitales que circulan por redes sociales, durante este lunes se desarrollaron jornadas presenciales en distintos puntos del país para manifestar el rechazo a la reforma. El objetivo es claro: demostrar que, más allá de la lógica de equilibrio fiscal que defiende el oficialismo nacional, la medida genera un "desequilibrio social" que afecta a sectores vulnerables y a la clase media, que hoy ven en el servicio de gas un costo difícil de sostener sin el beneficio territorial vigente.
Si bien el oficialismo nacional confía en repetir en el Senado la arquitectura de apoyos que le permitió obtener la media sanción, la posibilidad de una judicialización del conflicto ya aparece en el horizonte, inspirada en precedentes históricos de luchas tarifarias en la Argentina.
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