La Legislatura santafesina debate este jueves un proyecto que busca prohibir la actividad de cuidacoches en toda la provincia, mientras la Iglesia Católica presiona por soluciones integrales para los trabajadores informales.
La Legislatura de la provincia de Santa Fe afronta este jueves una jornada definitoria en torno a una problemática que genera tensiones desde hace años: la actividad de los cuidacoches en la vía pública. Se espera que la Cámara de Diputados trate el proyecto de ley que establece la prohibición total de esta práctica en todo el territorio provincial. La iniciativa, que ya cuenta con media sanción del Senado, llegaría al recinto con el respaldo necesario para su aprobación, aunque con modificaciones técnicas que obligarían al texto a regresar a la Cámara alta para su ratificación definitiva.
El proyecto, impulsado por el senador por el departamento Rosario, Ciro Seis, ha puesto el foco en la necesidad de ordenar el espacio público y brindar mayores garantías de seguridad a los automovilistas. Sin embargo, la celeridad del proceso legislativo ha sido objeto de críticas desde diversos sectores, especialmente desde la Iglesia Católica, que ve en la medida una solución puramente punitiva que ignora la compleja realidad socioeconómica de quienes desempeñan esta tarea.
La Iglesia exige contención ante la inminente prohibición
Ante el avance del proyecto, la Pastoral Social de Rosario ha intensificado sus reclamos. Fabián Monte, delegado de la institución, reiteró en las últimas horas la postura de la Iglesia: la prohibición de la actividad no debe ejecutarse sin un plan de contención previo o la creación de alternativas laborales concretas para las personas que se ven obligadas a subsistir mediante estas "changas" informales.
Para la Iglesia, el debate requiere un matiz fundamental. El sector advierte sobre la diferencia entre aquellos individuos que realizan la tarea de cuidado de vehículos como un medio precario de supervivencia y los grupos que ejercen violencia o extorsión. "Nuestra atención está centrada en cómo cuidar a las personas más vulnerables. Quienes hacen esos trabajos informales, en la gran mayoría de los casos, son hermanos que tratan de sobrevivir y llevar todos los días un peso a la casa", sentenció Monte en declaraciones a LT8.
Desde el ámbito eclesiástico se insiste en que los legisladores deben diferenciar a los trabajadores informales de las organizaciones delictivas. "Aunque es una obviedad que lo digamos, en eso último nosotros no estamos de acuerdo, en absoluto", aclaró el referente, al desmarcarse de las prácticas extorsivas que han sido el motor político principal de este proyecto de ley.
Un debate marcado por la seguridad y la exclusión
La controversia no es nueva en la provincia de Santa Fe. El fenómeno de los cuidacoches, comúnmente denominados "trapitos", ha sido motivo de debates fallidos y regulaciones municipales que, en su mayoría, no lograron erradicar la problemática ni formalizar a los trabajadores.
El proyecto que se trata esta jornada busca terminar con la zona gris en la que se desarrolla esta actividad, equiparándola con una falta administrativa o contravención pasible de sanción. No obstante, el impacto social de la medida es el eje de la discordia. Expertos en políticas públicas señalan que, de aprobarse la ley sin programas de inserción laboral o subsidios temporales, el resultado podría ser un aumento en la marginalidad y la criminalización de personas que ya se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad.
El contexto socioeconómico actual, marcado por la informalidad laboral en los grandes centros urbanos de la provincia, añade presión a los diputados. Mientras el oficialismo y gran parte de la oposición coinciden en que la presencia de los cuidacoches afecta el orden público y la libertad de tránsito, las organizaciones sociales y la Iglesia sostienen que el Estado no puede desentenderse de los efectos colaterales de la ley. La jornada de hoy será, entonces, una prueba clave sobre cómo la política santafesina intenta equilibrar la demanda ciudadana de seguridad con la responsabilidad social hacia los sectores más desfavorecidos.
La sesión en la Cámara de Diputados no solo se centrará en el articulado de la ley, sino en el mensaje político que se enviará a una sociedad agotada por la falta de orden en las calles, pero a la vez, expectante ante una decisión que afectará el sustento diario de cientos de familias santafesinas. El desenlace, condicionado por los cambios menores que se introducirán, postergará la sanción definitiva para una próxima instancia, manteniendo la expectativa sobre los alcances finales de la norma.
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