Ni Una Menos: once años de lucha en una jornada marcada por la crisis y el reclamo de justicia

El colectivo Ni Una Menos volvió a colmar las inmediaciones del Congreso de la Nación este 3 de junio, al cumplirse once años de la masiva movilización que marcó un hito en la historia del feminismo argentino y que forzó a la agenda política a incluir la violencia de género como una prioridad impostergable. La convocatoria, que este año se realizó bajo el lema "Vivas, libres y desendeudadxs nos queremos", ratificó la vigencia de un movimiento que, ante un escenario de transformación profunda de las políticas públicas y una crisis económica que golpea con mayor rigor a las mujeres y diversidades, eligió redoblar su apuesta por la incidencia política.

La vigencia del reclamo: de la indignación a la estructura

A poco más de una década del primer grito contra los femicidios, el movimiento se encuentra en una etapa de reconfiguración estratégica. Si bien el fenómeno de la violencia machista permanece como el núcleo organizativo, la plataforma de demandas se ha expandido para incluir las aristas económicas de la desigualdad. La consigna de este año, "desendeudadxs", no es casual: hace referencia directa a la precarización laboral, la brecha salarial y el impacto de los ajustes presupuestarios sobre la red de contención estatal que, durante años, funcionó como un dique de contención para las víctimas en situación de riesgo.

Desde la organización, sostienen que no puede hablarse de libertad personal si la autonomía económica está cercenada. En los documentos leídos frente a los legisladores, se denunció que los recortes en los programas de asistencia directa han dejado a miles de mujeres en una situación de mayor vulnerabilidad frente a sus agresores. La estructura del reclamo actual busca interpelar no solo a la justicia —a la que históricamente se le reclamó celeridad y perspectiva de género—, sino también al Poder Ejecutivo, al que acusan de un desmantelamiento sistemático de las herramientas de prevención y acompañamiento.

El impacto del caso cordobés en la narrativa del movimiento

La memoria de la adolescente cordobesa, cuyo femicidio disparó en su momento una ola de indignación nacional que fue el catalizador del primer Ni Una Menos, estuvo presente en cada orador y en cada pancarta exhibida durante la jornada. Su caso no es visto hoy solo como un episodio trágico del pasado, sino como el punto de inflexión que desnudó las fallas estructurales de un sistema judicial que, con el paso de los años, el movimiento considera que no ha logrado evolucionar lo suficiente.

"Es inadmisible que, tras once años de movilizaciones multitudinarias, sigamos viendo cómo las medidas de restricción son incumplidas por los agresores y cómo los procesos judiciales terminan revictimizando a quienes se animan a denunciar", señalaron integrantes de la comisión organizadora durante el acto central. Este punto es neurálgico en el debate actual: la desconexión entre la urgencia de las víctimas y los tiempos de la burocracia judicial es señalada por las organizaciones como una de las causas principales de la persistencia de los índices de violencia, que, pese a la visibilización, no muestran un descenso sostenido.

La relación con el Gobierno: un vínculo de tensión constante

La jornada también estuvo signada por una fuerte carga política. A diferencia de otros años, donde el diálogo con el Estado era fluido y las políticas públicas formaban parte de un esquema de colaboración, el presente encuentra a Ni Una Menos en una postura de abierta confrontación. Las políticas de ajuste del Gobierno nacional fueron interpretadas por las manifestantes como una forma de violencia institucional. Según las voceras del movimiento, el cierre de ministerios y la reducción drástica de fondos destinados a programas de género representan un retroceso que "pone en riesgo la vida de las mujeres y niñas en todo el país".

El documento central fue tajante al respecto: "El Estado no puede desentenderse de la responsabilidad de garantizar una vida libre de violencias. El desfinanciamiento no es solo un recorte contable, es una decisión política que se traduce en mayor desprotección". Esta postura marca un cambio de paradigma para el movimiento, que ahora debe transitar la defensa de derechos adquiridos en un contexto parlamentario y ejecutivo que muestra menos apertura a las demandas feministas.

Desafíos hacia el futuro: la sostenibilidad del activismo

El hecho de que la movilización mantenga su capacidad de convocatoria tras once años —pese a los cambios de gobierno, las crisis económicas recurrentes y la fatiga social— da cuenta de la madurez organizativa del feminismo argentino. Sin embargo, el desafío de la sostenibilidad se vuelve central. El movimiento se plantea hoy la necesidad de transitar de la protesta callejera a la construcción de nuevas formas de incidencia parlamentaria y territorial.

Los datos, aunque fragmentados, siguen mostrando una realidad alarmante: la frecuencia de los femicidios se mantiene alta, y el sistema de protección sigue presentando fisuras. El éxito de la jornada de ayer no se mide únicamente por la cantidad de personas en la calle, sino por la capacidad del colectivo para instalar en la agenda pública la idea de que la economía y la violencia de género son las dos caras de la misma moneda. En un país donde la inflación y la pobreza condicionan el día a día de las familias, el movimiento Ni Una Menos insiste en que no habrá justicia social plena mientras la mitad de la población continúe bajo el asedio de la violencia y la precariedad.

Al caer la tarde frente al Congreso, el sentimiento compartido era de resistencia. Tras once años, el grito original sigue resonando con fuerza, pero con un barniz de mayor complejidad: el de un movimiento que ya no solo pide que no las maten, sino que también exige las condiciones materiales necesarias para sostener una vida autónoma, segura y con igualdad de oportunidades en un país que, por ahora, sigue debatiéndole esas mismas condiciones.